La Generalitat encarga una auditoría para esclarecer el origen del brote de peste porcina
La gestión de la crisis por la peste porcina africana en Barcelona ha dado un vuelco político y científico. La Generalitat ha ordenado una auditoría exhaustiva a todos los laboratorios que trabajan con el virus tras las sospechas, cada vez más insistentes, de que la infección pudo haberse escapado de un centro público de investigación. El gesto del president Salvador Illa —contundente, inusual y lleno de matices— busca transmitir control en medio de una emergencia sanitaria que ya ha puesto en jaque al sector porcino catalán y mantiene en vilo a decenas de municipios del entorno de Collserola.
La investigación se centra especialmente en el IRTA CReSA, un centro de referencia en sanidad animal situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Ministerio de Agricultura comunicó este viernes que analiza si este laboratorio, dependiente de la Administración catalana, podría estar relacionado con la aparición del primer jabalí infectado muy cerca de sus instalaciones. Aunque Illa evita confirmar cualquier vínculo, su decisión de ordenar una auditoría fulminante sugiere que el Govern prefiere adelantarse a cualquier sombra de sospecha antes de que la crisis derive en un terremoto político.
El president se ha limitado a insistir en que "no se descarta nada, pero tampoco se confirma nada". Una frase calculada que busca blindar al Ejecutivo mientras los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil elaboran un informe conjunto para esclarecer el origen real del brote. La prudencia es máxima: en el entorno del Govern se asume que un fallo de bioseguridad en un laboratorio público tendría consecuencias de enorme calado.
A día de hoy, la Generalitat confirma 13 jabalíes infectados, pero ninguna de las 55 granjas dentro del perímetro de seguridad ha registrado positivos. Aun así, y de acuerdo con el protocolo europeo, unos 80.000 cerdos serán enviados al matadero para contener cualquier posible expansión. Una medida drástica, pero necesaria para proteger un sector clave para la economía catalana.
Un brote en plena frontera entre ciencia y sospecha
La posibilidad, aún no demostrada, de que el virus haya salido de un centro de investigación público coloca al Govern en un terreno resbaladizo. Cataluña alberga algunos de los laboratorios más avanzados en sanidad animal de Europa, y un incidente de bioseguridad afectaría directamente a su reputación científica, a su credibilidad institucional y a la confianza de los mercados.
Un dispositivo sin precedentes para blindar Collserola
La respuesta operativa tampoco se ha quedado atrás. Más de mil agentes —Mossos, policías locales, bomberos y Protección Civil— han desplegado un cordón de seguridad de 20 kilómetros alrededor de la sierra de Collserola, con controles dinámicos y fijos que buscan evitar que senderistas, ciclistas o visitantes propaguen el virus de forma involuntaria.
Las organizaciones ganaderas han aceptado el sacrificio masivo de animales, aunque reclaman garantías económicas. La Generalitat prepara un paquete de ayudas ligado al mantenimiento del empleo, consciente de que cualquier titubeo podría desatar un problema social además de sanitario.
La investigación interna ordenada por Illa será la pieza clave para entender qué ocurrió realmente. Si confirma que todo funcionó según los protocolos, reforzará al Govern. Si revela fallos, abrirá un debate incómodo sobre bioseguridad, recursos y responsabilidades públicas. @mundiario
