Frenar la involución reaccionaria: una urgencia para proteger los derechos laborales
Este jueves Primero de Mayo ha evidenciado un clamor colectivo que va mucho más allá de las pancartas y las consignas: la necesidad urgente de frenar lo que los sindicatos ya no dudan en calificar como una “involución reaccionaria” a escala internacional. Las calles de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y otras 80 ciudades se llenaron de voces que no solo reclamaban mejoras concretas —como la reducción de la jornada laboral o la lucha contra la precariedad—, sino que también denunciaban un contexto político amenazante en el que, una vez más, los derechos de los trabajadores están en el punto de mira.
No se trata de alarmismo vacío. La advertencia lanzada por los líderes de UGT y CC OO tiene el peso de la historia. “Estamos ante el momento más crítico para los trabajadores desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo Unai Sordo con una contundencia que no admite interpretaciones. Pepe Álvarez fue más allá al hablar de una “internacional del odio” que pretende desmantelar el estado del bienestar, convertir al trabajador en un número prescindible y socavar la propia libertad en nombre de la eficiencia del mercado y el dogma de la seguridad.
Lo que antes parecía impensable —retrocesos en derechos consolidados— hoy está más cerca de lo que muchos quieren reconocer. Basta con mirar a Estados Unidos, donde el regreso de Donald Trump ha encendido todas las alarmas, o al avance de la ultraderecha en Europa, donde discursos que atacan directamente a los sindicatos, los convenios colectivos o el salario mínimo están dejando de ser marginales para ocupar espacios de poder institucional. En este escenario, lo que se juega no es solo el futuro del trabajo, sino el futuro de la democracia.
La polémica surgida en Madrid por la negativa del Ayuntamiento a instalar un escenario para los discursos sindicales es un síntoma de esa hostilidad institucional que empieza a calar en las administraciones gobernadas por la derecha. Más que una simple traba logística, fue percibida como un intento deliberado de silenciar al movimiento obrero, de invisibilizar a quienes siguen creyendo que defender los derechos laborales es un acto de justicia, no un capricho ideológico.
Una estrategia
Los sindicatos han dejado claro que no van a tolerar este retroceso. La consigna es clara: proteger lo conquistado y ganar en derechos. Y para eso, exigen no solo al Gobierno, sino también a los partidos progresistas, estar a la altura. La futura reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es una medida histórica, pero aún queda el paso parlamentario. Si la derecha vuelve a bloquearla o diluirla, el mensaje será claro: la involución no es una amenaza, es una estrategia.
Pero esta resistencia no se libra solo en el Parlamento. En Barcelona, Valencia y Sevilla, los sindicatos también alzaron la voz contra despidos injustificados, operaciones empresariales que ponen en jaque miles de empleos o el deterioro de los servicios públicos. La movilización es amplia, y toca a todos los sectores. La lucha contra los precios abusivos del alquiler, la siniestralidad laboral o la defensa del modelo europeo de protección social también son parte del combate contra ese modelo autoritario que se disfraza de modernidad.
La democracia no se defiende solo en las urnas: se defiende en la calle, en los centros de trabajo, en la negociación colectiva y en cada mejora conquistada. Por eso es tan peligroso relativizar lo que está en juego. No hay neutralidad posible cuando se atacan los derechos sociales, porque en esa regresión el coste lo pagan siempre los mismos: las clases trabajadoras.
Frenar la involución reaccionaria no es una opción. Es una obligación moral y política. Y como cada Primero de Mayo, los sindicatos han recordado que, en esa tarea, ellos siguen siendo la primera línea de defensa. La historia enseña que los derechos nunca se han regalado. Se han conquistado. Y si hace falta, volverán a conquistarse. @mundiario
