¿Es suficiente pedir perdón?
Algo es algo; pero quienes han sufrido las consecuencias, tal vez piensen de otra forma.
Hace 6 años contemplamos con estupor una imagen patética del Jefe del Estado, desvalido y cariacontecido diciendo: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir.” Momento triste para él y para todos los españoles; tal vez, los embates larvados contra la monarquía empezaron a partir de este hecho sin precedentes, hasta llegar hoy al abierto rechazo a la monarquía de determinados partidos.
Ayer mismo, otra alta magistratura del Estado, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, pedía perdón en relación con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto que grava los préstamos hipotecarios: “Esto no lo hemos gestionado bien... se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal... pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados...”
Diré entre paréntesis que ayer, otro español que ocupó altos puestos de responsabilidad, también pidió perdón antes de entrar en la cárcel, por los daños causados con sus actuaciones.
En la consideración de cláusulas abusivas de ciertas condiciones de los préstamos hipotecarios, origen de la controversia, se ha hablado de los honorarios de notarios y registradores, tasación e impuesto, con olvido de otro tipo de gastos que van ineludiblemente unidos a estas operaciones. Me referiré a dos: la tasación del inmueble hipotecado y la gestión para el pago del impuesto y la inscripción en el Registro de la Propiedad.
Las compañías tasadoras, con más frecuencia de la que hubiera sido conveniente, estaban vinculadas, directa o indirectamente, a las propias entidades prestadoras. De forma que si la tasación era excesiva –hablamos de los tiempos de la célebre burbuja inmobiliaria-, ¿hubo alguna responsabilidad? Por otra parte, no era infrecuente que las garantías hipotecarias recibidas por la entidad financiera se utilizaran para garantizar a su vez, determinados títulos que adquirían los ahorradores. Si la tasación, hecha por una parte interesada, era excesiva, ¿qué nivel de garantía tenían los ahorradores adquirentes de estos títulos? Nunca he oído hablar de esto.
Vayamos a la gestión del pago del impuesto y la inscripción de la compra efectuada, de la cancelación de la habitual hipoteca sobre la finca que se vendía y, finalmente, de la inscripción de la garantía hipotecaria sobre la finca comprada. En la inmensa mayoría de los casos, estas gestiones eran encomendadas a gestorías vinculadas, directa o indirectamente, a la entidad financiera prestamista. Los honorarios de estas superaban ampliamente los aranceles registrales y notariales. Cualquier español hipotecado sabe el coste de estas actuaciones “de gestoría”.
Y omito referirme más expresamente a los seguros de vida, imprescindibles para determinados clientes, a los seguros obligatorios sobre las viviendas adquiridas e hipotecadas -casi siempre formalizados por compañías vinculadas a la entidad financiadora-, domiciliación de nóminas y pago de recibos, posible compra de acciones de la entidad, entre otras gabelas o contraprestaciones.
Fueron años de despropósito, conocido y consentido por todos. Ahora nadie quiere asumir las consecuencias ni admitir sus errores: ni quienes pierden sus viviendas, ni quienes indujeron a aumentar las tasaciones para que los préstamos fueran mayores, ni la Agencia tributaria, ni las entidades financieras, ni quienes aceptaron “todos los gastos e impuestos son a cargo del prestatario...”, las asociaciones de consumidores que se mantuvieron calladas durante un tiempo,...
¿Es suficiente pedir perdón?; hombre, malo no es, pero a quien tiene que asumir las consecuencias materiales le sirve de poco. Veremos si todo este tinglado no tiene consecuencias sobre las entidades financieras, porque la desconfianza de los inversores en acciones bancarias es evidente.
No somos un país serio, creíble, por lo menos así lo pienso yo ante situaciones como las que vienen sucediéndose desde hace unos años. @mundiario
