El CEO de Glovo, citado por la justicia por un presunto delito contra los derechos laborales
El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha citado a declarar a Oscar Pierre, cofundador y consejero delegado de Glovo, en calidad de investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, según confirmaron fuentes jurídicas a El País. La comparecencia, prevista inicialmente para septiembre, se celebrará el próximo 3 de diciembre, aunque en un principio estaba prevista para el pasado septiembre.
La imputación de Pierre se enmarca en una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Barcelona el pasado 13 de junio. Esta acusa a Glovo de mantener una práctica empresarial contraria a la legislación laboral, utilizando repartidores bajo un modelo de "falsos autónomos" que, según la ley de riders aprobada en mayo de 2021, debería haberse transformado en una relación laboral por cuenta ajena. Dicha normativa, que entró en vigor en agosto de 2021, se sumó a una sentencia previa del Tribunal Supremo que ya había declarado ilegales estas prácticas en 2020.
Pese a las disposiciones legales, Glovo habría continuado utilizando repartidores como autónomos, lo que ha motivado multas millonarias por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La compañía, ahora en manos de la alemana Delivery Hero tras su adquisición en 2021 por 1.000 millones de euros, se enfrenta a sanciones que podrían alcanzar los 950 millones de euros, de los cuales 550 millones corresponden a multas y 400 millones a la investigación abierta por la Comisión Europea.
Una denuncia penal
El Ministerio de Trabajo elaboró en octubre de 2023 un informe con cientos de casos que evidencian que Glovo sigue considerando a sus repartidores como autónomos. Dicho informe fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, que a su vez lo remitió a la Fiscalía de Barcelona, dando lugar a una denuncia penal. La juez María Isabel Hernando Vallejo, a cargo del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, ha asumido la causa.
La denuncia sostiene que Glovo obliga a los repartidores a darse de alta como autónomos, lo que le permite reducir costes empresariales al evitar pagar las cotizaciones sociales correspondientes. La Fiscalía subraya que esta situación persiste incluso después de la reforma del Código Penal en enero de 2023, que introdujo penas de prisión de seis meses a seis años y multas para quienes promuevan este tipo de relaciones laborales fraudulentas.
Pese al inicio de la investigación penal, Delivery Hero ha mantenido a Oscar Pierre en su cargo. El empresario, que comparecerá como investigado, podrá ir acompañado de su abogado y ejercer su derecho a no responder a determinadas preguntas, salvo las de su defensa. @mundiario
