BBVA se plantea renunciar a la opa tras el veto político del Gobierno a la fusión con Sabadell
El intento de absorción del Banco Sabadell por parte del BBVA se tambalea en plena pugna entre las ambiciones corporativas y los límites políticos. Lo que en su día fue presentado como una operación estratégica de consolidación bancaria, ha derivado en una batalla a varias bandas donde la Moncloa, más que un simple árbitro, se ha convertido en un actor central y decisivo.
La condición adicional que ha impuesto el Gobierno —garantizar la independencia jurídica, patrimonial y de gestión del Sabadell durante al menos tres años— supone, en la práctica, el bloqueo de los principales incentivos económicos que justificaban la fusión. Despedir empleados, cerrar oficinas o integrar estructuras operativas comunes, medidas habituales en procesos de este tipo para generar sinergias y aumentar la eficiencia, quedarían congeladas por un periodo prolongado. Un escenario que transforma radicalmente los cálculos iniciales del BBVA y obliga a su cúpula a reevaluar su estrategia.
Peio Belausteguigoitia, máximo responsable del banco en España, ha dejado entrever que la retirada de la opa está sobre la mesa. No lo ha confirmado de forma tajante, pero ha reconocido que se están barajando “todas las alternativas”. En otras palabras, el BBVA contempla marcharse si el coste de cumplir con las exigencias gubernamentales supera los beneficios esperados. El banco se aferra a su "deber fiduciario" con los accionistas, lo que, traducido, implica maximizar el retorno de la inversión, no asumir costes políticos.
El conflicto, sin embargo, no se limita al terreno económico. Existe también un frente jurídico latente. Según la interpretación de BBVA, el Gobierno se ha excedido en sus atribuciones al imponer nuevas condiciones a posteriori. En su visión, la ley otorga esa capacidad a la CNMC —que ya ha dado luz verde a la operación sin fisuras— pero no al Ejecutivo. Por ello, la vía judicial está también abierta como una opción en el horizonte, aunque por ahora ni Carlos Torres ni Belausteguigoitia la han formalizado.
No es la primera vez que desde BBVA se insinúa una retirada. De hecho, tanto el consejero delegado Onur Genç como el propio Torres han señalado públicamente que el banco se retirará si el proceso cruza sus “líneas rojas”. Las condiciones impuestas por el Gobierno podrían ser exactamente ese límite. A esto se suma la incógnita sobre el futuro de la filial británica del Sabadell, TSB, cuya posible venta se baraja en paralelo, lo que podría cambiar aún más las reglas del juego.
Desde la óptica del Ejecutivo, la maniobra busca preservar el equilibrio financiero en regiones como Cataluña y evitar un proceso de concentración que pudiera derivar en una pérdida de competencia y empleo. El Sabadell no es un banco más: su arraigo territorial, su red de oficinas y su impacto sobre la economía local hacen que su desaparición como entidad diferenciada tenga implicaciones políticas evidentes.
Pero la lectura empresarial difiere. BBVA defiende que la operación cuenta ya con los vistos buenos del Banco Central Europeo y de la CNMC, y que la decisión del Gobierno introduce una incertidumbre innecesaria en el proceso. Para el banco, la fusión no es un capricho: es un movimiento lógico dentro del proceso de concentración bancaria que se vive en Europa. Y más aún en un momento en que las grandes entidades buscan reforzar su posición frente a los desafíos tecnológicos y los nuevos actores del sector financiero.
Mientras tanto, BBVA saca pecho de su evolución bursátil. Desde que se lanzó la opa, la correlación entre las acciones del BBVA y del Sabadell ha sido notable, y la entidad insiste en la solidez de su negocio, especialmente en México. De hecho, esa fortaleza al otro lado del Atlántico se ha convertido en un arma de doble filo: mientras que el BBVA lo presenta como un activo de valor, desde el Sabadell se lo ha retratado como una señal de extranjerización.
El tablero está servido y las piezas se mueven con cautela. En los próximos días, BBVA tendrá que decidir si sigue adelante con la opa, acepta el marco impuesto por el Gobierno y reajusta sus expectativas, o si, por el contrario, da un paso atrás y abandona la operación. También cabe la posibilidad de que emprenda una batalla legal en defensa de lo que considera un atropello regulatorio.
En cualquier caso, este episodio deja claro que, en España, la política sigue teniendo la última palabra en los grandes movimientos empresariales. Lo que empezó como una operación financiera se ha convertido en un pulso institucional. Y como en todo pulso, alguien tendrá que ceder. @mundiario
