Acciona se blinda ante el caso Koldo: una comisión de notables para reforzar el control interno
La aparición de Acciona en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del denominado caso Koldo ha situado a la compañía en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Sin estar imputada como persona jurídica, la constructora y grupo energético ha optado por una estrategia de contención: reforzar al máximo su arquitectura de cumplimiento normativo y enviar una señal inequívoca de control y diligencia tanto a los tribunales como a los mercados.
La respuesta no ha sido menor. El consejo de administración ha impulsado la creación de una Comisión Especial para la Evaluación y Fortalecimiento del Cumplimiento Normativo, integrada por los tres consejeros independientes de Acciona —María Salgado, María Dolores Dancausa y Javier Sendagorta— y por tres figuras externas de primer nivel: Sebastián Albella, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Federico Linares, presidente de EY España; y Luis de Carlos Bertrán, exsocio de Uría y Menéndez. La intención es proyectar máxima independencia, prestigio técnico y experiencia regulatoria para blindar a la compañía.
El anuncio, realizado por el presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, ante la plantilla con motivo de las fiestas navideñas, tiene una doble lectura. Por un lado, reconoce implícitamente la gravedad del contexto judicial, marcado por registros de la UCO en sedes del grupo y por la investigación del Tribunal Supremo sobre presuntos amaños de obra pública vinculados a las UTE formadas con la empresa navarra Servinabar, del empresario Joseba Antxon Alonso y supuestamente participada también por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Además, trata de anticiparse a eventuales reproches sobre fallos sistémicos en los controles internos.
La comisión no parte de cero. Acciona cuenta ya con un informe independiente de PwC que avala la solidez y vigencia de su modelo de prevención de delitos y anticorrupción, certificado conforme a estándares nacionales e internacionales. Ese respaldo técnico refuerza la tesis de la compañía: si hubo conductas irregulares, se habrían producido al margen —y no gracias— de los sistemas de control existentes.
Sin embargo, Entrecanales ha asumido una premisa que resulta clave en este tipo de crisis: ningún sistema es infalible. De ahí la decisión de “ir un paso más allá” y someter normas, políticas y procedimientos a una revisión adicional, ahora bajo la supervisión directa del consejo.
Reputación, gobernanza y mensaje al mercado
El movimiento llega después de meses de goteo informativo y de decisiones internas relevantes. Desde la apertura de una investigación interna en junio, ampliada en noviembre, hasta la salida de directivos de primer nivel y la profunda reorganización de Acciona Construcción España. La sustitución del máximo responsable del área, la eliminación de direcciones territoriales y la separación estricta entre desarrollo de negocio y ejecución de obras responden a un mismo objetivo: reducir riesgos y reforzar la trazabilidad de las decisiones.
En este sentido, la comisión especial actúa como un paraguas adicional. No investiga hechos concretos —esa labor corresponde a la Justicia—, pero sí evalúa si el diseño organizativo y los controles internos son suficientes para prevenir desviaciones futuras. En un entorno de creciente escrutinio sobre la contratación pública, esa revisión adquiere un valor estratégico.
Más allá del plano jurídico, la iniciativa tiene una dimensión reputacional evidente. Acciona es una empresa cotizada, con fuerte exposición internacional y una marca asociada a sostenibilidad, infraestructuras críticas y energías renovables. Cualquier duda sobre su integridad corporativa impacta directamente en inversores, socios y administraciones públicas.
El desenlace del caso Koldo marcará el alcance real de las derivadas para el grupo. Mientras tanto, la comisión especial se erige como una pieza clave en el intento de Acciona por blindarse frente a la incertidumbre judicial y preservar su credibilidad. En tiempos de crisis, la gestión del riesgo reputacional se convierte, también, en una forma de defensa. @mundiario