El Ministerio de Cultura presenta un protocolo contra la violencia sexual en el sector

Un plan ambicioso obliga a la industria cultural a prevenir, detectar y reparar cualquier forma de violencia sexual, con incentivos para quien lo aplique.
Ernest Urtasun, ministro de Cultura. / RR. SS.
Ernest Urtasun, ministro de Cultura. / RR. SS.

El Ministerio de Cultura ha dado un golpe encima de la mesa. En un sector que presume de creatividad, libertad y sensibilidad, la violencia sexual —demasiado tiempo silenciada— ha dejado cicatrices profundas. Ahora, el Gobierno presenta un protocolo de 70 páginas destinado a transformar la manera en que la industria cultural afronta estas agresiones. No es un gesto simbólico ni un código ético más: es una hoja de ruta vinculante, respaldada por incentivos públicos, comisiones de investigación obligatorias y un mecanismo de reparación que busca romper décadas de impunidad.

El protocolo, elaborado junto con la Academia de Cine tras la avalancha de testimonios destapados por la prensa —incluidos los casos relatados por seis mujeres contra el director Carlos Vermut—, llega en un momento en que las víctimas han perdido el miedo a hablar, pero no siempre encuentran un sistema preparado para escucharlas. La cultura, paradójicamente, ha sido un refugio para la imaginación y un terreno hostil para demasiadas mujeres. Y esta contradicción, por fin, se reconoce de manera oficial.

El texto no es solo técnico. Asume algo que durante años se eludió: que la violencia sexual en la industria cultural tiene múltiples formas, se adapta a cada etapa de producción —desde un casting hasta una mezcla de sonido— y se sostiene gracias a estructuras que históricamente han protegido al agresor más que a la víctima. Cultura quiere desmontar esa arquitectura. Y para ello ha diseñado un plan que obliga a las empresas a actuar, documentar, prevenir y reparar. No habrá adhesión simbólica: quien adopte este decálogo deberá difundirlo internamente, formar a sus equipos y, sobre todo, asumir el escrutinio público.

Un protocolo con obligaciones claras

El documento, según señala EL PAÍS, propone que todas las empresas de más de 50 trabajadores creen una comisión de tres personas encargada de recibir, investigar y resolver denuncias. Para entidades más pequeñas bastará con una persona instructora. Pero en todos los casos el proceso deberá garantizar confidencialidad absoluta, rapidez y medidas cautelares que no prejuzguen a nadie. Cultura insiste en preservar el principio de inocencia, pero también en evitar que el miedo a represalias silencie a víctimas y testigos, motivo por el que se permiten denuncias anónimas.

Además, el protocolo desglosa los tipos de violencia sexual y sexista por sectores —audiovisual, artes escénicas, música, museos y galerías— y por fases del trabajo. Esa mirada granular es uno de sus puntos fuertes: reconoce que la violencia no se manifiesta igual en un casting que en un rodaje nocturno o en un backstage abarrotado antes de un concierto.

Incentivos, seguimiento y un registro público de empresas adheridas

El Ministerio no se limita a recomendar. Premiará a las organizaciones que implementen el protocolo otorgándoles más puntos en convocatorias de ayudas públicas. De este modo, quien quiera financiación estatal deberá demostrar compromiso real con la prevención de la violencia sexual. El registro de empresas adheridas será público y se actualizará periódicamente en la web de la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias en el Sector Audiovisual y Cultural.

Esta unidad, creada en octubre de 2024, presentará esta semana sus primeros datos: un año de atención psicológica y jurídica gratuita, gestionada por la Fundación Aspacia, sin necesidad de denuncia previa. Su existencia confirma una idea de fondo: que el cambio no consiste solo en castigar, sino también en acompañar.

Reparación emocional y simbólica

El protocolo incorpora medidas reparadoras que hasta ahora casi nunca se contemplaban: disculpas públicas, reconocimiento explícito del daño y compromisos formales de no repetición. La reparación no sustituye a la sanción, pero sí reconoce que las heridas no se cierran solo con expedientes disciplinarios.

La cultura española ha vivido demasiados años en un espejismo: el de creer que la sensibilidad artística era incompatible con el abuso de poder. Los datos de CIMA —60% de mujeres del audiovisual que aseguran haber sufrido algún tipo de violencia sexual— destruyen ese mito. El objetivo de Cultura es simple y ambicioso: convertir los espacios culturales en lugares seguros. @mundiario

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