La preocupación empresarial por eliminación del nuevo régimen de contratación del INA

El 5 de diciembre, un fallo de la Sala Constitucional generó preocupación entre los empresarios de zonas francas y el sector turismo, al eliminar el nuevo régimen de contratación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) lamentó la decisión, ya que considera que el régimen autónomo de servicio del INA, establecido en 2021, desempeñaba un papel fundamental en la agilización de los procesos de contratación de personal. Azofras destacó que este régimen fortalecía la colaboración entre el Instituto y las 461 empresas de zonas francas en Costa Rica, las cuales generan más de 221,000 empleos directos e indirectos, encadenamientos productivos, aumento de exportaciones y significativos aportes económicos al INA.

Carlos Wong, presidente de Azofras, subrayó la importancia de que el INA cuente con herramientas adecuadas para adaptarse a las demandas específicas del sector y seguir siendo un facilitador eficaz en la contratación de personal. En este contexto, Azofras instó al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a tomar acciones inmediatas para abordar el vacío legal resultante de la sentencia de la Sala Constitucional.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) también se sumó a las preocupaciones, señalando que el artículo 24 de la Ley Orgánica del INA, anulado por el fallo, jugaba un papel crucial en las contrataciones para ofrecer servicios, cursos y programas adaptados a las demandas laborales actuales. Rubén Acón, presidente de Canatur, enfatizó la necesidad de mantener una conexión ágil y sencilla entre el INA y el sector turismo, donde las personas encuentran desarrollo y empleo.

La decisión de la Sala Constitucional se basó en que, según la ley de creación del INA, es una institución pública, por lo que las relaciones laborales con los trabajadores deben regirse por los principios del Servicio Civil y no por un régimen autónomo. Según el Instituto, esta decisión afecta a más de 1,600 personas funcionarias y limita su capacidad para garantizar oportunidades de formación y capacitación. @mundiario