Las irregularidades en los servicios de comunicación en Casa Presidencial de Costa Rica
Reveladores audios, proporcionados por la exministra de Comunicación Patricia Navarro, exponen conversaciones que sugieren un manejo irregular de fondos.
Las conversaciones filtradas revelan que tanto el presidente Chaves como el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, discutieron con Bulgarelli sobre el contrato de $300.000 del BCIE antes de que se abriera el concurso público. Estos audios, suministrados por la exministra Navarro, indican que las gestiones comenzaron apenas dos días después de la toma de posesión en mayo de 2022.
En una reunión virtual el 27 de mayo de 2022, Rodríguez propuso a Bulgarelli un contrato por servicios de comunicación, financiado por el BCIE. En un audio, Rodríguez menciona la necesidad de usar los recursos del banco y sugiere que la cotización debería presentarse a nombre de Navarro, aparentemente para justificar los gastos de comunicación al BCIE.
Este encuentro precedió cinco meses a la adjudicación del contrato de $300,000 a Bulgarelli y su empresa. En una entrevista previa, el empresario admitió haber redactado los requisitos del contrato. Las declaraciones de Navarro sugieren que esto se hizo en colaboración con Federico Cruz Saravanja, asesor de imagen del presidente Chaves.
A pesar de las afirmaciones del ministro Rodríguez de que la consultoría se otorgó de manera transparente, tanto Presidencia como el BCIE han rechazado revelar el expediente de contratación. La falta de transparencia ha generado inquietudes sobre posibles irregularidades.
Las conversaciones también destacan la urgencia percibida en la contratación, con Rodríguez insistiendo en que el presidente quería ver resultados rápidos. Además, se discuten detalles específicos del contrato, como la participación de Federico Cruz y la necesidad de diseñar un comité de comunicación.
En otra conversación, el presidente Chaves se reunió con Bulgarelli y le expresó tener el dinero necesario. Chaves enfatizó la importancia de ver un plan de gastos detallado antes de firmar el contrato.
La falta de transparencia en este proceso y las revelaciones de las conversaciones han generado preocupaciones sobre posibles favoritismos y uso indebido de fondos públicos. El caso está bajo investigación judicial, y Casa Presidencial ha evitado proporcionar detalles aduciendo el artículo 295 del Código Procesal Penal. @mundiario
