El tráfico de personas continúa perjudicando la consolidación de la paz en Colombia

La relatora especial de la ONU sobre el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally, declaró este miércoles que pese al compromiso mostrado por las autoridades colombianas en la protección de los derechos de las víctimas de trata, este no llega a todo el país. De hecho, considera que los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales continúan perjudicando la consolidación de la paz en la nación sudamericana.

Mullally, quien visitó Colombia durante nueve días, manifestó que la trata de personas “afecta especialmente a las comunidades afrocolombianas y rurales, a los pueblos indígenas y a los y las migrantes venezolanos”, por lo que instó a las autoridades a incluir el tema del tráfico humano en la Política de Paz del país.

“Es imperativo que la trata de personas forme parte de las discusiones de la Política de Paz de Colombia y se implemente y fortalezca el capítulo étnico del Acuerdo Final para prevenirla, asistir y proteger a las víctimas”, añadió la experta de la ONU a la vez que recordó que el tráfico humano es “una grave violación de los derechos humanos, una violación del derecho internacional humanitario y un delito grave que socava la consolidación de la paz, el desarrollo sostenible y la justicia social”.

El reclutamiento de menores

Según Mullally, “los niños, niñas y adolescentes son los más afectados y el aumento del reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados en los últimos años es motivo de grave preocupación”. Por ello, emplazó al gobierno a “avanzar urgentemente” a tomar las medidas que impidan la utilización de todos los menores de 18 años, “especialmente en las zonas de conflicto”.

En cuanto a las mujeres y las niñas, estas son expuestas a la trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados y redes criminales. “Se necesitan urgentemente medidas de alojamiento seguro y de protección, en particular en las zonas afectadas por el conflicto y en las zonas rurales donde viven comunidades afrocolombianas, indígenas y comunidades afectadas por la migración”, añadió.

Siobhán Mullally elogió a las autoridades colombianas por el Estatus de Protección Temporal concedido a los venezolanos, más de un millón de los cuales cruzaron Colombia. Sin embargo, instó al Gobierno a abordar los retrasos en el acceso a la documentación y la obtención del estatuto de protección, especialmente en las zonas fronterizas, donde los y las migrantes están expuestos a graves riesgos de trata y los servicios son limitados.

Durante su visita, la relatora especial se reunió con supervivientes y víctimas de la trata y con defensores de los derechos humanos en Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Apartadó, Necoclí, Pasto e Ipiales. Para concluir, destacó la necesidad de garantizar el acceso a reparaciones para todos los afectados por la trata, ya sean relacionados con el conflicto, con el reclutamiento forzado, con la explotación y la esclavitud sexual, con el trabajo forzado, con la servidumbre doméstica y con la delincuencia impuesta. @mundiario