El Programa Mundial de Alimentos cataloga a Venezuela como uno de los cinco países en riesgo de hambruna
De acuerdo con el estudio de ese organismo de la ONU, 2,3 millones de venezolanos (7,9% de la población) se encuentran en una situación de “inseguridad alimentaria severa”. El país ha perdido el 60% de su economía desde 2014.
Una crisis económica causada por un conflicto político de intereses marcados en el monopolio de la administración del Estado como una suerte de corporación político-militar, nunca ha tenido y nunca tendrá límites. Un ejemplo palpable de ello es el que solía ser uno de los países con mejores estándares de vida a nivel mundial, y que hoy es el más inestable de América, así como es también uno de los focos de la comunidad internacional.
En Venezuela, así como la realidad política se ha bifurcado o dividido en dos figuras de poder que se autodenominan presidentes y jefes legítimos del Gobierno y del Estado, la realidad económica-social también se ha polarizado, pero no en partes iguales, sino en una balanza totalmente inclinada por el peso de la miseria, la pobreza y el desgaste humanitario que el país sufre desde mucho antes de la pandemia de Covid-19, específicamente desde 2014, cuando inició la recesión que posiciona al país sudamericano como el que posee la inflación más alta del mundo actualmente.
Dicho de otra forma, el país más caro del mundo para vivir es Venezuela. Precisamente de ese contexto deriva la compleja desigualdad y deterioro del tejido social en la población, donde solo el 20% de los venezolanos tiene acceso a una privilegiada economía cerrada de alto consumo denominado en dólares por el efecto de la hiperinflación y la destrucción del bolívar, mientras que el 80% restante trata de subsistir con salarios en moneda local equivalentes a entre 1 y 5 dólares al mes, con subsidios devaluados otorgados por el Gobierno en forma de “bonos” y la distribución de cajas de comida a precios simbólicos casi gratuitas.
Y es que según un informe publicado a finales de febrero por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés), “casi un tercio de la población venezolana (un 32,3%) padece inseguridad alimentaria y necesita ayuda”. Ese organismo adscrito a la ONU confirmó y reiteró a principios de octubre que Venezuela es uno de los cinco países que corre el potencial riesgo de sufrir una hambruna en su población.
De acuerdo con el estudio, 2,3 millones de venezolanos (7,9% de la población) se encuentran en una situación de “inseguridad alimentaria severa”.
Esto implica que la crisis humanitaria que el país sufre desde 2017 cuando la crisis económica evolucionó hacia el pernicioso estado de la hiperinflación y la depresión aguda después de la recesión, ya está instalada como una emergencia humanitaria compleja debido a las condiciones de pobreza que existen actualmente en Venezuela, donde el 96% de la población sufre pobreza de ingresos y el 71% vive en situación de pobreza extrema o general, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Caracas.
Es decir, “los venezolanos sufren carencias extremas en el consumo de alimentos, o la pérdida extrema de medios de vida que podría conducir a carencias en el consumo de alimentos o algo peor”, según los parámetros que usa el Programa Mundial de Alimentos para determinar cuando existe el riesgo de una hambruna.
Sin embargo, aunque el WFP advierte de esa situación, el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) llegó a condecorar en 2014 al Gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta gestión para erradicar el hambre y reducir la pobreza en Venezuela, algo que fue totalmente desechado tras comprobarse las condiciones de crisis humanitaria que el seno de la ONU constató en 2017, año en que la crisis venezolana se agudizó en una espiral mucho más grave de desgaste social hasta la fecha.
El país ha perdido el 60% de su producto interno bruto (PIB), es decir, del valor de la producción de bienes y servicios de su economía, desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia. Esta es una contracción de la economía nacional que ha tenido consecuencias sobre la alimentación de los venezolanos, de lejos, la peor crisis que ha vivido esa nación en sus más de 200 años de historia.
Pero el informe del WFP detalla mucho más aspectos estructurales que son el origen de fondo de la crisis alimentaria que viven los venezolanos. La crisis interna se ha visto agravada y prolongada en una especie de círculo vicioso e infinito del costo de la vida por la extrema hiperinflación (50.000% de aumento anual de precios en Venezuela), una subida constante, acelerada y especulativa de los precios que ha llevado a que un 59% de los hogares no cuenten con ingresos suficientes para comprar comida.
De los 29 millones de venezolanos que residen en el país, unos 11 millones 800.000 hogares perciben, en promedio, ingresos en bolívares (devaluados por la inflación) equivalentes a entre 1 y 10 dólares al mes, cuando la canasta básica alimentaria tiene un costo equivalente a entre 200 y 260 dólares mensuales.
Pero con precios que aumentan cada en un promedio de entre 20% y 30%, así como la devaluación diaria del bolívar frente al dólar, que es la moneda bajo la cual se calculan todos los precios y costos de los alimentos, los bienes básicos, los servicios y casi todos los rubros nacionales, resulta virtualmente imposible para un trabajador venezolano garantizar la manutención de su núcleo familiar, pues una familia de cuatro personas requiere ganancias o un presupuesto similar a 260 salarios mínimos para alimentarse bien en 30 días.
Para tener una idea de la dimensión y la magnitud de la precariedad social en Venezuela, es necesario revisar este dato: Naciones Unidas y el Banco Mundial establecen como parámetro global que una persona es pobre cuando gana 1,90 dólares por día. El 80% de los venezolanos perciben un salario mínimo oficial equivalente a 1 dólar mensual, lo que representa la irrisoria cifra de 0,03 dólares diarios, es decir, muy por debajo de la línea de pobreza de ingresos.
La ONU también precisa en su estudio que alrededor de 4,8 millones de personas (o el 15% de la población) han abandonado Venezuela en los últimos cuatro años, y “cientos de miles de estos migrantes enfrentan inseguridad alimentaria en los países vecinos”.
Venezuela se ubica en el tercer puesto de los cinco países que, según el Programa Mundial de Alimentos, corren el riesgo de sufrir una “pandemia de hambre”. Esos países son Yemen, República Democrática del Congo, Venezuela, Sudán del Sur y Afganistán. Todos ellos, a excepción del país latinoamericano, están sumidos en guerras y terrorismo.
La crisis social y económica que sufre Venezuela es producto de la negligencia con la que el régimen de Nicolás Maduro administró los ingresos de la renta petrolera para gastarlos en prebendas políticas, regalías a Cuba o proyectos de infraestructura inconclusos en lugar de financiar inversiones en el sector privado para generar empleos bien remunerados y bienestar socioeconómico, lo cual lo obligó a ordenar al Banco Central la emisión descontrolada de bolívares para cubrir el gasto y el consumo sin poner a las empresas a producir al mismo nivel de la demanda; el resultado fue una inflación que hoy absorbe el trabajo, la alimentación y la vida de los venezolanos. @mundiario
