La OEA enviará una delegación a Perú y respalda a Castillo en la crisis política
El presidente peruano ha pedido la ayuda del organismo supranacional ante una “nueva modalidad de golpe de Estado” y una presunta persecución judicial en su contra.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha acordado enviar un grupo “de alto nivel” al Perú, para analizar la grave y profunda crisis política que azota al país, después de que el presidente, el izquierdista Pedro Castillo, fuera denunciado por la Fiscalía por presuntamente dirigir una estructura de crimen organizado.
El Consejo Permanente del organismo, con sede en Washington, se ha reunido en una sesión extraordinaria pedida por Castillo, para abordar las solicitudes del mandatario peruano ante sus denuncias de una “nueva modalidad de golpe de Estado” en su contra.
Los estados miembros han aprobado una resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” del país, y llamaron a todos los actores a actuar bajo el Estado de derecho, un respaldo tácito al Gobierno de Castillo, que ha venido denunciando una supuesta persecución política y judicial en su contra, incluso antes de la apertura de seis investigaciones penales en su contra, su familia y colaboradores.
La OEA ha acordado entonces que “un grupo de alto nivel” conformado por la treintena de estados miembros de la organización supranacional, “para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación”. No se ha especificado cuándo arribaría el grupo de estudio, pero el documento aprobado este jueves indica que tiene por objetivo “promover el diálogo” y fortalecer el sistema democrático del Perú.
Castillo invoca la Carta Democrática Interamericana
En un intento por conseguir un respiro del cerco judicial en su contra, el presidente peruano ha pedido la activación de dos de los 28 artículos de la Carta Democrática Interamericana, un documento suscrito en 2001 entre los países miembros y que es vinculante con 20 de los que reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sirve para proteger las institucionalidades de cada estado en caso de “ruptura democrática”, que engloba crímenes de lesa humanidad, violaciones a las libertades e incluso la falta de independencia de poderes.
El presidente peruano había invocado el artículo 17 de la carta, que establece que cualquier estado miembro podrá solicitar el acompañamiento de la OEA “para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” en caso de que se considere “en riesgo”. Mientras que la segunda cláusula invocada, la 18, permite que se realicen visitas y gestiones distintas al país, bajo amparo del Gobierno local, para analizar la situación de crisis.
Castillo está en una mala posición. Asumió al poder en julio de 2021, y con poco más de un año en el poder ya ha sido objeto de dos intentos de destitución en el Congreso, está siendo investigado por corrupción y tráfico de influencias y ha sido denunciado constitucionalmente por la fiscal general, Patricia Benavides, de liderar una organización criminal.
Las investigaciones contra mandatarios en funciones en el Perú son inéditas. Hasta ahora Castillo es el primero en esa posición, aunque la Constitución prohíbe que se judicialice al presidente si está en el cargo, siempre y cuando no sea por traición a la patria o por impedir alguna elección.
No obstante, el Ministerio Público puede abrir una causa en su contra tras denunciarle constitucionalmente, si el Congreso lo avala. Entonces se abriría la puerta a un juicio político con un resultado aún no muy claro. Pero Castillo no cuenta con mayorías en el Legislativo, de hecho, cuenta con muchos menos apoyos que cuando comenzó su periodo, especialmente tras ser expulsado del partido con el que llegó al poder, Perú Libre. @mundiario