La población de Nicaragua sufre masivas violaciones de derechos humanos
Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa y uno de los opositores más críticos con el régimen de Daniel Ortega, fue condenado a más de 20 años de prisión por “traición a la patria”.
La subsecretaria general de la ONU para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, presentó este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una serie de violaciones de las garantías fundamentales cometidas en Nicaragua del 15 de diciembre de 2022 a la fecha.
Esta actualización oral, que siguió al informe sobre el tema presentado este jueves por el Grupo de Expertos sobre ese país, destaca la liberación el 9 de febrero de 222 personas que habían sido detenidas arbitrariamente en prisiones o arresto domiciliario y que luego fueron expulsadas a Estados Unidos. El régimen de Daniel Ortega afirmó que se trataba de deportaciones y acusó a esas personas de traición a la patria, despojándolas de su nacionalidad y privándolas de sus derechos civiles y políticos. La Oficina de la ONU sostiene que incluso se habrían eliminado del registro civil nacional sus partidas de nacimiento.
Por su parte, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, se negó a ser deportado y el 10 de febrero fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel por traición a la patria. Además, lo despojaron de su nacionalidad nicaragüense y le dictaron sentencia sin juicio previo. Una acción que fue replicada cinco días después con otras 94 personas, a quienes también declararon “traidores a la patria”.
Entre las personas afectadas hay activistas de derechos humanos, periodistas, activistas y dirigentes sociales y políticos, en el exilio y en Nicaragua.
Un efecto amedrentador
Para la subsecretaria general, estas acciones y medidas arbitrarias violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Por ello, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU llamó a Nicaragua a liberar incondicionalmente a las 36 personas que fueron encarceladas junto a monseñor Álvarez, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones.
El ente de la ONU también instó al país a derogar la legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica.
Por su parte, Brands Kehris dio cuenta de testimonios sobre restricciones a los derechos económicos, sociales y culturales que sufren en Nicaragua quienes no poseen la cédula de militante del partido gobernante y refirió transgresiones de los derechos de los pueblos indígenas, mencionando, entre otros abusos, acciones violentas contra dos comunidades indígenas en el municipio de Waspam que causaron el desplazamiento de sus territorios ancestrales.
La subsecretaria explicó que la continua erosión de los derechos humanos en el país centroamericano ha provocado la emigración, detallando que en la primera mitad de 2022 más de 260.000 nicaragüenses habían debido huir del país, sobre todo hacia Costa Rica y Estados Unidos.
Ante esta situación, instó “al Estado de Nicaragua a que lleve a cabo investigaciones exhaustivas, garantice que los responsables sean llevados a la justicia y se otorguen reparaciones integrales a las comunidades afectadas”. Además, exhortó al Consejo de Derechos Humanos a promover todas las medidas pertinentes para revertir la actual crisis sociopolítica. @mundiario
