Acusan al régimen de Nicaragua de cometer “crímenes de lesa humanidad”

La ONU considera que en Nicaragua “se han cometido, y se siguen cometiendo graves violaciones y abusos a los derechos humanos”. Esta conclusión es el resultado de un informe publicado este jueves por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre esa nación centroamericana.

En el texto sostienen que desde las manifestaciones que buscaban reformas sociales en el año 2018 se han realizado “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país”. Violaciones y abusos que fueron perpetrados “de manera generalizada por motivos políticos, constituyéndose en crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, incluyendo violencia sexual, deportación y persecución” política.

Según los expertos, estas acciones han hecho que la población viva con miedo. Además, señalan que las transgresiones de los derechos humanos “no son un fenómeno aislado, sino el producto de un proceso planificado de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas y de una fuerte concentración del poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta de la República”, es decir, en el régimen sandinista.

Estas acciones han provocado la destrucción del espacio cívico y democrático. De hecho, establecen que “las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, para desarrollar e implementar un marco jurídico que tiene por objeto reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, con el objetivo “de eliminar, por distintas vías, cualquier tipo de oposición en el país”. Un ejemplo de ello es la expulsión hacia Estados Unidos de más de 200 presos políticos considerados por Ortega como “traidores a la patria”.

“Un patrón de conducta”

Angela Buitrago, experta de la ONU, manifestó que durante la pesquisa se constató la existencia de ejecuciones extrajudiciales, “como un patrón de conducta” conducido “por agentes de la Policía Nacional e integrantes de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada”. Asimismo, añadió que durante las protestas ocurridas entre mediados de abril y finales de septiembre de 2018 “el gobierno obstruyó respecto a estas y otras muertes”.

Según Buitrago, las múltiples violaciones de derechos humanos obligaron a miles de personas “trabajadoras de oenegés, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política” a abandonar el país.

El régimen sandinista también ha cercenado la libertad de expresión. De hecho, casi todos los medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior y, desde diciembre de 2018 en adelante, se han cancelado 3.144 organizaciones de la sociedad civil, casi la mitad de las organizaciones registradas en 2017.

Ante esta situación, los expertos recomiendan al Gobierno liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa; investigar de forma independiente y exhaustiva los abusos y violaciones para que haya rendición de cuentas; garantizar la reparación y no repetición; defender el derecho de las víctimas a saber la verdad; e implementar medidas legislativas y de política pública para garantizar los principios democráticos y la separación de poderes.

Además, recomiendan a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los responsables de las violaciones y crímenes documentados; ampliar las sanciones a instituciones e individuos implicados en crímenes y violaciones; y priorizar el respeto de los derechos humanos cuando se negocien proyectos de cooperación e inversión en Nicaragua. @mundiario