Guaidó solicita a la ONU que active en Venezuela el principio de la ‘Responsabilidad de Proteger’
La crisis de Venezuela es tan compleja, que la realidad en todos sus ámbitos se ha dividido en dos polos diametralmente opuestos: lo que sobreviven a la crisis y los que son absorbidos por ella, así como un Gobierno autoritario que controla el poder por la fuerza militar y un Gobierno interino que busca desplazar a una élite comunista con la fuerza internacional. En el medio de esa dinámica desgastante, se encuentra la población venezolana, que sufre los embates de una debacle económica donde la miseria, la pobreza, el hambre y la precariedad se han vuelto el denominador común del 96% de la sociedad que está en el umbral de la pobreza de ingresos y el 70% que ha caído en la pobreza extrema.
Entonces, frente a un panorama tan complicado, en el que la élite gobernante; el régimen de Nicolás Maduro (presidente -de facto- de Venezuela) no da señales ni intenciones implícitas de negociar el poder o de frenar la hiperinflación para iniciar una leve solución a la crisis, la población está inmovilizada por la escasez de gasolina, afronta la pandemia de coronavirus, sufre una recesión del -60% y una inflación desbocada con 50.000% de incremento de precios, aunado a una desigual dolarización a la que solo tiene acceso el 20% de la población, podría inferirse que Venezuela está en vías de convertirse en un Estado fallido, y eso sin ni siquiera estar en guerra.
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La pugna por el poder en el país sudamericano ha derivado en que la austeridad financiera prevalezca en la economía nacional, seca de dólares que puedan reactivar el aparato productivo, las inversiones, el empleo y el bienestar, pues esos inmensos caudales de capital han sido concentrados por las estructuras de corrupción dominantes en la cúpula de Maduro.
Esa bifurcación de la política interna ha hecho que dos líderes autodenominados presidentes y jefes del Gobierno y del Estado venezolano se pronunciaran este pasado miércoles en el marco de la 75° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Y es en ese contexto que el simbólico presidente interino de Venezuela (reconocido por 55 países), Juan Guaidó, solicitó e instó a la ONU y a su secretario general, Antonio Guterres, la activación del principio de la ‘Responsabilidad de Proteger’ (R2P, por sus siglas en inglés) en el país debido a la preocupante crisis económica, social y humanitaria que sufren los venezolanos, aunado a la reciente confirmación de violaciones a los derechos que el Estado venezolano y los cuerpos de seguridad ejecutan de manera sistemática por órdenes directas o indirectas de Maduro, quien realmente es el que posee control sobre todo el monopolio armado de la República, que usa para sostenerse en el poder.
¿En qué consiste la Responsabilidad de Proteger de la ONU?
La ‘Responsabilidad de Proteger’ es un mecanismo diplomático que no implica el uso de la fuerza o la intervención armada en primera instancia, sino que establece esa vía como el último recurso, siempre requiriendo la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, del cual Rusia y China (aliados energéticos, comerciales y militares del régimen de Maduro) son miembros permanentes con poder de veto.
Esto implica que el organismo encargado de velar por la paz y la seguridad en los países, así como por la estabilidad global; Naciones Unidas, podría aplicar la mediación diplomática con un eventual envío de una misión especial que sirva como mediador entre el Gobierno de Maduro y el de Guaidó para una transición que resuelva la crisis, o en su defecto, si el régimen venezolano se niega, implementar mecanismos de advertencia o un ultimátum para ceder el poder con la amenazada de rupturas diplomáticas en cadena de los países con embajadas en Venezuela, y en un caso mucho más conflictivo, anunciar sanciones económicas-comerciales de países observadores del Consejo de Seguridad, para aislar más a la cúpula de poder de Maduro.
Sin embargo, eso ocurriría si esa instancia lo aprueba, pero se posiciona en un escenario con baja probabilidad debido a que Rusia y/o China bloquearían la propuesta con solamente negar o vetar la solicitud, lo cual dejaría sin efecto una salida multiltareal de escala internacional a la crisis venezolana en el organismo diplomático más poderoso del planeta. ¿Y si eso falla, qué queda? Posiblemente, la mediación diplomática de la ONU sin el principio del R2P o la mediación diplomática de la Unión Europea con una eventual coacción o máxima presión de Estados Unidos al margen de esas potencias, pues Washington apuesta por la asfixia y la fuerza de su influencia como la vía para cambiar el sistema en Venezuela y frenar la acelerada expansión de su crisis doméstica.
Según el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (el principal instrumento del derecho internacional que regula las relaciones entre los países), “el R2P establece en cambio como vías preferentes de acción de la comunidad internacional en casos de inminente o comprobada comisión de los delitos antes mencionados, la mediación, la advertencia temprana y las sanciones económicas”.
¿Es válida y aplicable esta medida para Venezuela?
Por lo tanto, en vista de que el Gobierno de Maduro ha sido acusado por la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad, es legalmente aplicable y jurídicamente procedente la solicitud de Guaidó, pero el punto crucial de esa medida radica en si la Asamblea General acepta remitir la solicitud al Consejo de Seguridad para aprobarla o denegarla.
La ONU creó en la Cumbre Mundial de 2005 el principio de la Responsabilidad de Proteger como un compromiso político global, apoyado por 193 Estados miembros, para prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, las limpiezas étnicas y los crímenes de lesa humanidad tras la devastación que la Segunda Guerra Mundial (en 1945) causó en nuestra civilización. Busca preservar la soberanía, la paz, la seguridad, los derechos humanos y evitar el conflicto armado en cualquier lugar del planeta.
“La situación de Venezuela no está en fase preventiva. Es una crisis en pleno desarrollo. Mientras hablamos aquí, hay venezolanos torturados, que no tienen acceso a alimentos, que no pueden opinar, una generación de niños que sueñan vivir en libertad. Se han puesto en marcha sanciones individuales, hemos visto el resultado de una Misión de Verificación de Hechos, hemos denunciado al régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Hemos llegado al final de la escalada de los pilares de la R2P sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos”, sentenció Guaidó.
Esta declaración del líder opositor, transmitida por videoconferencia con los representantes de los 55 países que lo reconocen como presidente interino y que son Estados miembros de la ONU, deja entrever que la ruta de las medidas de presión contra el régimen socialista de Maduro podrían escalar hacia una nueva fase de magnitud internacional, pues la masa migratoria de venezolanos esparcida por el mundo asciende a unos 4 millones de personas, la segunda más grande del planeta, así como también representa la crisis alimentaria, social, económica y humanitaria más grave de América, y la cuarta más grave a nivel global solo por detrás de países en guerra como Yemen, Afganistán y Sudán.
Y si la diplomacia ya no basta, ¿qué se puede hacer frente a la crisis del país?
El simbólico presidente encargado aseguró que “es momento de diseñar estrategias tras haberse agotado la vía diplomática”. No obstante, las advertencias, las sanciones financieras y las mediaciones de la Unión Europea no han dado resultados en una persuasión política eficaz que disuada a Maduro y a su élite de negociar el poder como una salida a la crisis multidimensional que diezma progresivamente al país.
“Venezuela no aguanta más”. Así resumió Guaidó la magnitud de la crisis en un país donde el sistema de vida se ha tornado peligrosamente inestable en todos sus ámbitos: precariedad de servicios públicos como el agua, la electricidad y el gas, hiperinflación y devaluación de la moneda local, desempleo, migración, inseguridad, pobreza socioeconómica y extrema, colapso del sistema sanitario por la pandemia de Covid-19, recesión del 60% del PIB, bancarrota de la industria petrolera, censura en los medios de comunicación y un auge exponencial de la desigualdad donde solo el 20% de la población vive en una burbuja de consumo por el fenómeno desordenado de la dolarización de facto que ya arropa al 70% de la cotidianidad económica a nivel nacional. @mundiario
