El revés judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción
La vicepresidenta es investigada por encabezar una supuesta trama de desvío de fondos de obras públicas, cuando era mandataria de Argentina. La Fiscalía pide 12 años de prisión.
Cristina Fernández de Kirchner afronta un duro revés judicial. El fiscal federal Diego Luciani, tras nueve días de lectura de alegatos, ha pedido finalmente 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por su presunta participación en la “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.
La actual vicepresidenta está imputada, junto a otros 12 acusados, por supuestamente integrar una organización de la cúpula del Gobierno, con la que se desviaban fondos destinados para la obra pública, en un caso denominado “causa Vialidad”, que llega a su etapa culminante con la fase oral de juicio. Los medios locales apuntan a que, si los plazos procesales se cumplen, se estaría haciendo noticia una condena o absolución para la expresidenta a finales de año.
La Fiscalía le acusa de defraudar el Estado y de participar en una trama de desvío de fondos que según Luciani habría iniciado durante el mandato de su marido, a partir de 2003, y que habría continuado bajo sus dos periodos presidenciales (2007-2015) al frente de la República argentina.
La oficina del fiscal cifra los daños al Estado en unos 1.000 millones de dólares defraudados, según El País, a través de unos 51 contratos para proyectos viales que concedió a la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, un empresario al que presuntamente, de acuerdo con las declaraciones de Luciani, se le habrían adjudicado de manera irregular.
El Gobierno denuncia una “persecución judicial y mediática”
“Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Los imputados, en una estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlos con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control. La corrupción fue la regla; se creó un eficaz sistema de corrupción institucional”, ha dicho Luciani al cierre de su acusación.
Pero Cristina niega toda vinculación con la presunta trama de corrupción, en su lugar defiende que el mismo tribunal que la juzga desde hace tres años ya tiene “escrita y hasta firmada” la sentencia en su contra. Su tesis es avalada por el Gobierno argentino, que se ha lanzado a denunciar que la dirigente izquierdista está siendo objeto de “una persecución judicial y mediática”.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, añade el comunicado de la Presidencia divulgado tras conocer la petición de la Fiscalía.
El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (@CFKArgentina) que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad.https://t.co/FIRREQ0BVa pic.twitter.com/4BiWLcNiYI
— Casa Rosada (@CasaRosada) August 22, 2022
La causa Vialidad
Este se trata del primer pedido de sentencia contra la expresidenta, de entre la docena de causas judiciales por varios delitos en su contra, pero los medios argentinos señalan que esta es la más complicada, mientras que algunas han sido archivadas o cerradas. En la ‘causa Vialidad’ Fernández está acusada de “ser la de una asociación ilícita creada para extraer fondos del Estado Nacional ‘desde la cúpula del poder’”, según Luciani, citado por El País.
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Pero ella no está sola en el banquillo de los acusados, Báez y unos 11 funcionarios le acompañan como investigados en esta trama de corrupción. Luciani ha pedido igualmente unos 12 años de prisión para el empresario, 10 años para el exministro de Obras Públicas Julio de Vido y la misma cantidad para José López, secretario de esta cartera.
