La Fiscalía de la JEP pide 20 años de prisión para un coronel retirado por falsos positivos

El coronel retirado Publio Hernán Mejía ha sido acusado este lunes de graves delitos, entre ellos homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha informado en una rueda de prensa sobre los cargos contra el militar, solicitando una pena de 20 años de prisión. Se le señala como responsable de 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ocurridas entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003.

El director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo, ha pedido a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que investiguen posibles negligencias en los procesos judiciales anteriores relacionados con este caso.

Según los fiscales de la UIA, el coronel Mejía creó junto a miembros del batallón ‘La Popa’ una estructura armada dedicada a matar, desaparecer y torturar personas. Los civiles eran presentados como guerrilleros muertos en combate, cuando en realidad, en su mayoría, eran jóvenes con carencias económicas y de origen campesino o indígena. La finalidad de estas ejecuciones era crear una falsa apariencia de eficiencia y seguridad durante el conflicto armado en el departamento del Cesar, al oriente colombiano y fronterizo con Venezuela.

El caso de Mejía se enmarca en el macrocaso 03 de la JEP, que investiga miles de ‘falsos positivos’ ocurridos durante los Gobiernos de Álvaro Uribe entre 2002 y 2008. Él es uno de los militares responsables investigados por el homicidio de 127 personas en asociación con grupos paramilitares, según la acusación de la Fiscalía de la justicia transicional.

El caso del coronel Mejía ante la JEP

La Sala de Reconocimiento de la JEP trasladó el caso de Mejía a la UIA después de considerar que no mostró voluntad de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, perdiendo así los beneficios de penas alternativas a la cárcel que tenía desde 2017 por haberse acogido a la JEP. Aunque la orden de detención impartida por la JEP ha sido apelada por la defensa del coronel retirado, al momento de la rueda de prensa de este lunes, él no se encontraba detenido.

Las víctimas del Ejército han pedido la expulsión de Mejía y otros altos oficiales del tribunal de paz, argumentando que ha socavado la legitimidad del proceso de paz y ha descalificado a los demás comparecientes. En el pasado, el coronel ha negado las acusaciones en su contra y ha buscado fomentar discursos de odio contra el proceso de paz.

En cuanto al futuro de Mejía, se le presentan dos opciones: reconocer su responsabilidad y abrir un proceso de interlocución con las víctimas para establecer mecanismos de reparación, o no aceptar las acusaciones y enfrentar un juicio.

La UIA ha solicitado a las autoridades pertinentes que investiguen posibles negligencias en las investigaciones anteriores, ya que, a pesar de las denuncias y testimonios de los familiares de las víctimas, algunas investigaciones no fueron debidamente llevadas a cabo tanto en la Fiscalía como en la justicia penal militar. @mundiario