Imputan 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 exintegrantes de las FARC
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado este miércoles a 10 exintegrantes de las comandancias de dos de las columnas móviles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el occidente del país, por 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad, que incluyen delitos de asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y otros tratos inhumanos contra las poblaciones originarias de la costa del Pacífico colombiano.
Se trata de la primera decisión de carácter territorial del Caso 05 de la JEP, que investiga a nueve hombres y una mujer de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las FARC por realizar ataques indiscriminados a las poblaciones de 17 municipios de los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, y cómo esos ataques deliberados contra civiles provocaron una afectación sistemática contra los derechos de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de la región, especialmente el de identidad cultural de los pueblos ancestrales.
Entre los delitos destaca la primera imputación por reclutamiento forzado de menores de edad, que se ha probado como un patrón para “obtener o mantener el control territorial y social de la zona”, así como el auto versa de numerosas ejecuciones de niños que se creía que eran informantes. Según el escrito de los magistrados, el reclutamiento de niños comenzó a partir de la década de los 90, pero tuvo un aumento significativo a partir de 2010.
“Para el año 2010, las FARC-EP habían acentuado la práctica del reclutamiento o alistamiento de niños y niñas, los casos en su mayoría no fueron denunciados por el temor de las víctimas y sus familias a sufrir retaliaciones”, señala el auto, que desglosa las estrategias de reclutamiento como el “enamoramiento de mujeres jóvenes”, ofrecimientos económicos o engaños, que derivaron en el alistamiento de menores de edad en las filas marxistas.
La JEP identifica patrones para obtener el "control social y territorial"
La JEP ha argumentado que todos los delitos que se presentan ante los imputados fueron “planificados, organizados y dirigidos” por las dos estructuras investigadas, que pertenecían al Bloque Occidental de las FARC. El abanico de crímenes cometidos está dirigido contra la población civil, e incluyen la instalación de minas antipersonas, el uso de armas no convencionales, desapariciones y traslados forzados.
Todos los hechos investigados por la JEP abarcan desde 1993 hasta 2016, décadas en las que se han identificado varios patrones de actuación de “crímenes que violaron gravemente las normas del Derecho Internacional Humanitario aplicables en conflictos armados” y que “no respetaron los principios de distinción y proporcionalidad”, según explicó el magistrado Raúl Sánchez.
Uno de los patrones identificados fue la serie de ataques para expulsar a las autoridades locales, que dejaron afectados cientos de escuelas, sitios sagrados y al medioambiente. Otro ejemplo es la persecución contra miembros de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, destinados a “obtener o consolidar el control social y territorial”.
En esa línea, otras de las estrategias empleadas fueron las desapariciones, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. “Los comparecientes reconocieron la existencia de una política de la extinta guerrilla de asesinar a personas de la población civil de ser informantes, colaboradores o enemigos contrarios a esa organización”, se lee en el auto de la justicia transicional.
En la imputación que hoy hace @JEP_Colombia a las FARC, esto es clave:
— Espinosa (@EspinosaRadio) March 8, 2023
Entre otros graves crímenes de guerra y de lesa humanidad, es la primera vez que la JEP les imputa a las FARC "reclutamiento forzado de niños"
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“Muchos jóvenes de los pueblos étnicos fueron asesinados en consejos de guerra sin consideración a su edad y mucho menos a su origen”, asegura el documento. “En conclusión el éxito del plan de comando Conjunto de Occidente exigía el sometimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos para los fines de la organización y eso desconoce su autodeterminación”, sentencia la JEP. @mundiario
