EE UU sanciona a cuatro buques por transportar petróleo a Venezuela y aumenta la presión

La presión y el cambio político sigue siendo la premisa de Estados Unidos en su política exterior hacia el país con la economía más devastada e inestable de América y una nación que tiene en el poder a uno de los regímenes más autoritarios del mundo, considerados por Washington y parte de la comunidad internacional como Estados forajidos. Venezuela es todavía el objetivo de la agenda de poder de la Casa Blanca bajo las estrategias de acoplamientos geopolíticos de EE UU con un eventual nuevo gobierno que la potencia norteamericana necesita urgentemente en el país sudamericana para cubrir sus intereses energéticos, comerciales, económicos, financieros y diplomáticos, pues tiene en su “patio trasero” a la puerta de entrada a América del Sur, la puerta de salida al Caribe y la de salida al Océano Atlántico.

En ese contexto es que Estados Unidos sancionó este martes a cuatro navieras por transportar petróleo de Venezuela y designó a cuatro embarcaciones involucradas como "propiedad bloqueada", aumentando así la presión contra el gobierno (de facto) de Nicolás Maduro.

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Esta decisión implica un duro golpe a la estratagema del régimen chavista para preservar las conexiones externas que le proveen una especie de soporte vital al Gobierno venezolano, aunque EE UU ya ha sacado del juego a Rusia, que le vendía petróleo y gasolina, al sancionar su poderosa multinacional estatal Rosneft, a China, que es su principal proveedor de créditos, y a India, el que era su proveedor de aditivos de refinación de crudo y de gasolina. Ahora solo le queda Irán, que evade las rutas marítimas vigiladas por EE UU en el Golfo Pérsico a través del envío de buques griegos desde el Mar Mediterráneo.

Aun así, EE UU los interceptó y cortó el que iba a ser un importante suministro de petróleo y gasolina para la colapsada industria petrolera venezolana PDVSA y su precario sistema de transporte en medio de la crisis económica interna y el shock de la pandemia de coronavirus.

"Estados Unidos reitera que la explotación de crudo de Venezuela para beneficiar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense", indicó hoy el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Esa declaración de la Casa Blanca denota la firmeza de una política exterior con la cual, haciendo uso de su dominio sobre la arquitectura financiera y la pirámide económica mundial a través del dólar (la divisa de reserva mundial), EE UU expone una retórica de bloqueo financiero contra cualquier Estado, gobierno, empresa o inversor que haga transacciones con el régimen venezolano, en especial si son para el transporte de petróleo, pues Washington considera que al recibir crudo, el gobierno de Maduro recibe oxigeno que le permite captar ingresos, controlar la distribución del combustible en el país para contener a la población y mantener la oscura estructura de capitales que hay en PDVSA y que son objeto de investigaciones en la justicia estadounidense por corrupción y lavado de dinero.

Tres de las navieras sancionadas, Afranav Maritime, Adamant Maritime, Sanibel Shiptrade, están registradas en las islas Marshall y la cuarta, Seacomer, tiene sede en Grecia, según reseñó la agencia AFP.

Según el Departamento del Tesoro, Afranav Maritime es propietaria de un barco de bandera panameña que hasta mediados de febrero seguía transportando crudo venezolano. “A Seacomer se le atribuye el uso del buque de bandera maltesa Chios I para para transportar petróleo venezolano, pese al embargo que rige desde febrero de 2019”, acotó.

De esta forma, el régimen de Maduro ejecuta una estrategia diplomática mediante la cual coordina con su aliado Irán la evasión del cerco naval y comercial impuesto por EE UU a través de las relaciones de Teherán con algunos países europeos y así enviar buques de su jurisdicción por otras zonas marítimas con destino al Caribe rumbo a costas venezolanas a través del Océano Atlántico.

La empresa Adamant Maritime fue señalada por el Tesoro de utilizar la nave Seahero, con bandera de Bahamas, “para comerciar crudo, y a Sanibel Shiptrade se le atribuye el uso del buque Voyager I, con bandera de las Islas Marshall”.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que “estas empresas transportan petróleo que fue robado al pueblo venezolano”.

De hecho, en los últimos cuatro años, PDVSA ha invertido 300.000 millones de dólares de los cuales no se tiene resultado operativo-financiero en la industria y, según EE UU, esos fondos fueron desviados a estructuras de corrupción con testaferros, empresas de maletín y paraísos fiscales de altos funcionarios cercanos al círculo de poder de Maduro y el chavismo.

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Estas sanciones se suman a una larga lista de más de 40 altos funcionarios venezolanos y entidades que Estados Unidos acusa de estar involucrados en el comercio petrolero, un ingreso vital para el país caribeño, cuya economía acumula seis años de contracción con una caída del -50% del PIB, 50.000% de inflación, devaluación de 20.000% de su moneda (el bolívar) y una creciente pobreza de ingresos del 80% y pobreza extrema en 61%.

El gobierno de Maduro responsabiliza a Estados Unidos y sus sanciones de la caída de la producción, pero muchos expertos del sector apuntan a un mal manejo de la infraestructura como causa del declive de la producción.

Es así como persiste la escalada unilateral de tensiones entre EE UU y Venezuela bajo el probable escenario de que si Washington impone nuevas sanciones contra Irán para bloquear sus envíos de petróleo y gasolina al país sudamericano, se genere un nuevo estado de implosión, paralización, crisis e inestabilidad dentro de territorio venezolano con duras consecuencias políticas y financieras para la subsistencia del régimen de Maduro en el poder bajo su control territorial, militar y armado junto a la élite de la Fuerza Armada que lo sostiene en el Palacio de Miraflores (sede de gobierno), Caracas. @mundiario