Por eso, el país debe apostar por activar una agenda que sea robusta y que impacte de manera positiva en todos los subsectores culturales, con el fin de que haya diversidad de propuestas para todos los públicos y que el sector cultural encuentre un espacio digno y sostenido para alivianar su carga. Al acercarnos al fin y principio de año, se presenta una oportunidad para que las actividades artísticas y culturales se dinamicen y multipliquen cuando se activa una agenda de festejos populares y actividades masivas que convoca a manera de celebración a las personas para que se integren, convivan y construyan comunidad; manteniendo tradiciones y festejando el momento de cierre del año en lo que puede constituir una catarsis para algunas personas y un acto de esperanza para otras en la medida en que sus posibilidades se lo permiten.

Ahora bien, considero relevante que en Costa Rica se aproveche el calor y espíritu de la época, para que vayamos más allá de la celebración del momento y reflexionemos sobre la necesidad presente y futura de que la agenda cultural cumpla con algunas condiciones mínimas, las cuales y desde una posición constructiva, expongo a continuación:

Puntos a exponer 

Como primer punto, crear una agenda articulada entre el Estado por medio del Ministerio de Cultura y Juventud, los gobiernos locales, las personas artistas independientes y las organizaciones privadas. Este aspecto fortalece, enriquece y permea desde los distritos y cantones hasta las cabeceras de provincias y cumple con un requisito fundamental, el cual es descentralizar las actividades culturales del Valle Central.

Procurar que las actividades culturales estén dirigidas a todas las poblaciones, para cumplir con el derecho del acceso a la Cultura y sobre todo, que incluya todas las manifestaciones artísticas sin ningún tipo de discriminación. Aquí hay que hacer hincapié en una agenda variada y sólida bajo una estructura de mensajes constructivos dirigidos a la niñez y a las juventudes, que se gestione desde las bibliotecas públicas y las Casas de la Cultura, no solo incentivando la lectura, sino transversalmente, apoyando las artes escénicas, musicales y plásticas o visuales. La niñez y las juventudes deben contar con propuestas gratuitas, variadas, innovadoras y cercanas a su comunidad. Además, orientar la una agenda cultural permanente hacia las personas con discapacidad, personas adultas mayores, privadas de libertad así como aquellas en riesgo social entre otras porque la Cultura es un medio para sostener, prevenir, rescatar y dignificar nuestro tejido social.

Potenciar que las actividades culturales “toquen” e impacten a todos los grupos etarios y las poblaciones específicas. La niñez,  juventudes y personas en adultez y adultez mayor deben sentirse cercanas a la Cultura desde sus propios gustos, conocimientos e intereses. Aquí es vital la coordinación con las instituciones educativas, la empresa privada y las organizaciones sociales de base como son las Asociaciones de Desarrollo que pueden tener un papel preponderante en incentivar desde las comunidades, una participación amplia y diversa de todas las personas. Y es aquí donde también se podría reactivar y energizar la estructura regional de planificación con los Consejos de Desarrollo a partir de una estrategia cultural sólida e innovadora, para asegurarnos que las voces de las regiones sean verdaderamente integradas de acuerdo a su realidad.

Elaborar una agenda cultural en la cual estén representadas todas las manifestaciones artísticas y culturales, como requisito ineludible para que se potencie la creatividad y la innovación. Como sociedad hemos sido testigos de que las personas con los incentivos y oportunidades idóneas, pueden no solo disfrutar de las actividades culturales, sino participar activamente y ser hacedoras de Cultura. Cito como ejemplos, a las personas privadas de libertad que descubren en la pintura, la poesía y las artesanías entre otras, un camino para la reinserción social; a los pueblos originarios que han logrado no solo sostener sus tradiciones ancestrales a partir de una propuesta cultural, sino obtener un ingreso digno para sus familias; a las diversas manifestaciones culturales de poblaciones migrantes que nos han permitido construir una sociedad fortalecida y diversa, así como también a las personas adultas mayores que han encontrado más de una forma de continuar aportando y sintiéndose activos por medio del arte y otras manifestaciones culturales. Además y siempre en línea con la niñez y las juventudes y en asocio con la necesidad de mitigar y coadyuvar en la atención del “apagón educativo”, es vital que tengan acceso concreto al arte y a la Cultura en general, para que descubran sus propios intereses, gustos y potencialidades no solo para su distracción o disfrute, sino que también para emprender una futura ocupación o profesión.

El Estado es el responsable inequívoco de coordinar, articular, facilitar y financiar dentro de sus posibilidades, las actividades culturales que se promuevan en el país. Es una responsabilidad a la cual no debe renunciar, pues es la forma como se resguarda el derecho humano de acceso a la Cultura de forma gratuita, diversa e inclusiva y se respeta y potencian las variadas manifestaciones que hay en una sociedad. Lo expuesto, debe realizarse sin condicionamiento ideológico y sin temor a que la sociedad se exprese de forma viva y auténtica; la Cultura nunca debe utilizarse como pretexto para acallar voces de sectores adeptos, disidentes o críticos con la gestión de un gobierno de turno sino como medio para el desarrollo personal, colectivo y del país porque por encima de todo, hacer Cultura es hacer Patria.

Costa Rica se ha resguardado en la Cultura para afrontar con gallardía los embates políticos e ideológicos, las crisis económicas y sociales y sobre todo, para que la sociedad exprese sus vivencias en primera persona sobre la manera en cómo interpreta y se apropia de los eventos históricos de su entorno social. Es decir, la transformación de la sociedad no es un fenómeno al azar, sino que constituye la cuidadosa evolución de cada uno de los factores que la integran y que se consignan en las manifestaciones culturales que se organizaron, coordinaron y articularon en una época en concreto.

Por eso, la importancia que tienen las actividades culturales para un país es que a partir de ahí, con la activación de un sector de altísima relevancia se sostiene el tejido social costarricense. Además, con una agenda amplia, inclusiva, robusta y diversa se garantiza el derecho humano de acceso a la Cultura y por último, se construye, teje y entreteje la historia de una Patria mediante el registro de las múltiples expresiones sociales que representan y simbolizan su identidad.

Que la importancia de las actividades culturales trascienda la fiesta de fin de año y nos acerque a una constructiva reflexión y acción sobre la verdadera, perenne e invaluable función de la Cultura para que en el año que iniciamos, establezcamos una mejor ruta de desarrollo social y económico en beneficio de nuestra Patria y sus personas. @mundiario

En palabras de don Alberto Cañas “(…) los costarricenses hemos demostrado que sobre un barrial se puede construir una República, y cuidado si no también una cultura”. Un concepto que me reafirmó él mismo en una de las varias conversaciones que tuvimos, cuando él fue miembro de la Junta Directiva del Teatro Nacional de Costa Rica y yo, Directora General. Mi paso por la gestión pública, específicamente, en el sector cultural, me permitió entender con mayor dimensión las palabras de don Beto. Quienes hemos caminado, bailado y surcado las calles en lucha perenne por más presupuesto tanto para Cultura como para Educación, comprendemos con singular precisión lo que implica invertir (¡sí invertir!) en ambos sectores, porque es ahí donde radica nuestra identidad, nuestro desarrollo y el futuro de la Patria.

Es decir, primero se funda con tesón la Patria y después se recoge su identidad mediante esto que llamamos “Cultura”, la cual sustenta como lo manifiesta la UNESCO,  las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural (…) mediante la variedad de expresiones culturales y también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. Por tanto, Cultura también es el derecho humano de expresarse, convivir, disfrutar y de ser persona plena en su cotidianidad, no en la excepcionalidad. La Cultura es un derecho para todas las personas, todos los días.

Por eso, cuando nos referimos a la planificación presupuestaria del Ministerio de Cultura y Juventud, estamos en presencia de una ardua labor que implica conjuntar tres aspectos del mismo modo importantes. En primer lugar, el ideario político-ideológico que presentó el partido de gobierno en su campaña electoral y que le permitiría saldar los compromisos asumidos tanto con la ciudadanía como con los distintos subsectores culturales; en segunda instancia, articular su ideario con la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023 y que entonces y como tercer aspecto, deberá constituirlos en indicadores cuantitativos vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo.

Lo expuesto, no es una tarea fácil pues entran en convergencia varios intereses como son  los de la ciudadanía en el sentido de resguardar los derechos de convivencia en espacios inclusivos y seguros; los de las personas, grupos y organizaciones artísticas que tienen el derecho de contar con recursos para ejecutar sus programas, proyectos y actividades y los de la gestión misma del Ministerio como “ente rector del Sector Cultura, el cual está conformado por los programas y los órganos desconcentrados vinculados a esta cartera”. Lo anterior se debe realizar, considerando que “el Ministerio es una entidad amplia y compleja, que comprende cinco programas presupuestarios y catorce órganos desconcentrados". Es un Ministerio robusto con una estructura fuerte, cuya historia ha sido y debe seguir siendo la de construir Cultura…para no volver al barrial.

Por eso, ver con la ligereza con que se recortan los recursos del Ministerio de Cultura y Juventud sin sopesar factores como su contexto histórico, ideológico y organizativo y, sin analizar la misión y los objetivos que cumple en la sociedad, resulta más que doloroso, pues representa un desconocimiento de causa que vienen arrastrando varias Administraciones desde hace algunos periodos y que cada año manifiesta tintes de agravarse aún más.

Este recorte presupuestario es incorrecto, no solo por haberlo realizado unilateralmente el Ministerio de Hacienda, sino porque desconoce que el actual presupuesto en ejecución ya fue cercenado en el proceso de aprobación el año pasado. Es así como el recorte se produce sobre un presupuesto ya menguado, sin análisis técnico, sin consultar el sector y en una economía devaluada. Algo así como quitarle el sustento a una persona, darle palo y ponerla a la intemperie.

En una crisis fiscal como la actual, lo más sencillo es recortar recursos destinados a Cultura y Juventud debido a que para algunos partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, esos recursos podrían ser catalogados como superfluos. Lo anterior a que una vez más, no se entiende lo que es Cultura y además paga justo por pecador un sector que no ha sido culpable del manejo deficitario presupuestario de las autoridades de Cultura en los últimos periodos, y no por culpa de la estructura técnica del Ministerio, sino por la falta de capacidad de gestión de las autoridades ministeriales.  

En el aspecto social, el Ministerio articula y ejecuta una serie de programas que deben incidir en forma directa y positiva en nuestra población, dando mayor énfasis a la niñez, adolescencia, juventudes y adultos mayores. La gestión de la Cultura no es un favor que se le hace a las élites formadas en las artes, aunque ya quisieran muchos países cuentan con artistas como los nuestros, mujeres y hombres que han trascendido en todos los campos y que no se han limitado para compartir lo que saben con la ciudadanía.

La Cultura, además del arte como expresión sublime del espíritu y por lo tanto del ser humano, es la promoción educativa que se efectúa en las comunidades rurales, en los pueblos originarios, en las escuelas, colegios y universidades, en las niñas y niños y particularmente aquellos en riesgo, en los grupos comunales de jóvenes, mujeres, personas privadas de libertad, con discapacidad y adultas mayores entre otras. Son estos, grupos poblacionales que no solo buscan gozar del derecho al disfrute pleno y gratuito de la Cultura, sino que además demandan una participación activa que puede concretarse como una forma de esparcimiento, educación, salud, formación o incluso como un emprendimiento económico.

La Cultura cohesiona la identidad Patria, el ser costarricense, los valores y principios que sustenta una forma de vida y expresión, es decir, nuestra idiosincrasia. Cuando se corta y recorta en Cultura, se limita su desarrollo.

Por eso, más que recortar el presupuesto para Cultura y Juventud, se debe invertir para mejorar…siempre y cuando ese sea el objetivo que se tiene y se quiere. Por ende, no se debe recortar, sino que se debe restituir lo que se le ha venido recortando, porque ese debilitamiento lo terminamos pagando todas las personas en lo social cuando los índices de violencia escalan, cuando no hay trabajo porque no hay oportunidades generadas desde la capacitación y promoción, cuando no hay espacios para convivir, cuando no hay salud mental y física, porque tenemos un Ministerio que no se ha encargado de trazar ruta y ejecutarla a cabalidad…porque quizás ni siquiera tenía un plan fundado sobre principios, valores y un basamento político-ideológico cierto.

El recorte presupuestario no es de recibo, más bien, la inversión en Cultura y Juventud debe fortalecerse a través de la búsqueda de formas creativas de financiamiento para los programas que atiende el Ministerio. Implica asignar recursos, no sólo para la gestión de nuestro patrimonio material e inmaterial, sino también, para apoyar de forma muy sostenida las iniciativas educativas en Cultura para la paz y la convivencia dirigidas a la niñez, adolescencia y juventudes. Estos programas deben coadyuvar, conjuntamente con los educativos del MEP, a mantener a nuestras futuras generaciones alejadas del flagelo de las drogas, la violencia, la deserción educativa y de la pobreza estructural. Deben crearse iniciativas que cohesionen nuestras comunidades y que trabajen desde los espacios sociales para revertir los índices de criminalidad, violencia, exclusión y pobreza. La Cultura debe ser vista como un bastión social para el desarrollo inclusivo y sostenido de la población costarricense.

Por lo anterior, tampoco son de recibo las manifestaciones de las autoridades de Cultura y Juventud cuando anuncian que para cubrir el recorte presupuestario buscarán establecer alianzas público- privadas. Alianzas que no son nuevas aunque sí muy importantes; de hecho, desde hace más de veinte años en Cultura las venimos realizando. Por tanto, las alianzas no deben sustituir los recursos estatales, sino que deben ser recursos frescos para nuevas y mejores inversiones.  No deben ser el “en vez de” sino el “además de”.  En materia presupuestaria y en términos generales por lo tanto, (1) no puede haber recortes, (2) se debe realizar una correcta gestión del presupuesto y (3) un fortalecimiento adicional con alianzas público-privadas.

No es de extrañar entonces, que en la Asamblea Legislativa se presenten presupuestos desarticulados, mutilados y orientados a debilitar el Ministerio de Cultura y Juventud. No es de extrañar tampoco, que haya autoridades políticas carentes del criterio y el temple para defender los recursos que deben sostener y fortalecer el Ministerio. De ahí que, debemos como sociedad hacer un vehemente llamado para que la inversión en Cultura se mantenga, se fortalezca y se le devuelvan los recursos a un Ministerio que debe articular la gestión de la Cultura y Juventud al más alto nivel estratégico.

Según Alba Carosio, “detrás de toda cultura está siempre el suelo en el que se habita, y este habitar implica el no ser indiferente con lo que allí ocurre”. Por eso, lo peor que nos puede pasar como sociedad, aparte de tolerar el desmantelamiento solapado al Ministerio de Cultura y Juventud, es ser indiferentes y apáticos con la aprobación presupuestaria que se efectúa en la Asamblea Legislativa. Tal vez hayamos superado el barrial y  fundado una segunda República, pero es urgente que de una vez y por todas, dimensionemos la importancia de la Cultura para la cohesión social, para resguardar nuestro legado histórico y patrimonial, nuestra identidad, nuestro espíritu, nuestra diversidad de tradiciones y valores, nuestra convivencia en sociedad, lo que hacemos y cómo lo hacemos.  Dimensionemos que defender la Cultura es defender la tierra sobre la cual deben pisar nuestras actuales y futuras generaciones, en procura de que sus pies no se enloden en el barrial.@mundiario

Para quienes propusieron la primera reforma laboral, era fundamental que esta estuviese basada en los principios sociales y cristianos; no obstante, algunos grupos empresariales veían con recelo el avance comunista en la región y su influencia en las nuevas legislaciones. Sin embargo, en los pesos y contrapesos de la Constituyente de 1949 se consideró que el avance en materia laboral debía sopesarse con otros proyectos que de igual forma, favorecieran a los grupos oligárquicos de la época como es el caso de la nacionalización bancaria y la implantación de  nuevos tributos.

Aunado a lo anterior, se debe recordar que la justificación que sostenía el Poder Ejecutivo para promover los cambios en la legislación laboral, era la necesidad de proteger a la clase trabajadora y resguardar sus derechos humanos por encima de cualquier corriente ideológica o interés de algún grupo en particular.

Ahora bien, después de la promulgación del Código Laboral en 1943 han habido cambios importantes en la legislación costarricense, que le han permitido al país adaptarse a las nuevas corrientes que en materia laboral deben asumir las personas trabajadoras y sus patronos. Como marco referencial, se pueden citar entre los más importantes la Ley 3702 de junio de 1966, la Ley 7360 de noviembre de 1993, la Ley 7983 de Protección al Trabajador del 16 de febrero del 2000 y la Reforma Procesal Laboral que entró en vigencia en el 2017; reformas han habido en cantidad suficiente.

El Proyecto de Ley 21181 (texto sustitutivo aprobado por mayoría en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa) denominado, “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, propone fundamentalmente, la acumulación de la jornada laboral en cuatro días de doce horas de trabajo con tres días de descanso. Esta propuesta ha despertado muchas inquietudes y pronunciamientos entre los distintos sectores sociales, sindicales y empresariales, los cuales podríamos resumir en las siguientes posiciones:

Quienes están a favor, destacan dos beneficios en concreto: aumentar la productividad y reactivar la economía, pues la flexibilidad laboral podría aumentar el empleo en aquellos sectores que necesitan concentrar sus actividades productivas en turnos más flexibles, especialmente los sectores exportadores que abarcan alrededor de 2.300 empresas y 875.000 personas trabajadoras.  

Quienes se oponen al Proyecto de Ley, esbozan sus argumentos en la afectación que tendrían predominantemente en los hogares monoparentales y específicamente en el caso de las mujeres quienes dedican mucho más tiempo a las labores no remuneradas en el hogar, tanto en el cuido de niños y niñas como de personas mayores. Esto podría provocar una situación que podría inducirlas a sobrecarga de trabajos domésticos sin posibilidad de descanso. Otro aspecto que apuntan quienes muestran su oposición con vehemencia, es el pago de los tiempos extraordinarios, debido a que no se cancelarían en las jornadas de 12 horas y solo aplicarían si la persona trabajadora es convocada a laborar en el periodo de los tres días de descanso.

Con el panorama anterior, el Gobierno de la República ha propuesto una mesa de trabajo con el fin de que, se determinen las actividades que se estarían delimitando como viables para la aplicación de las jornadas laborales excepcionales establecidas en el Proyecto de Ley, escuchando a las partes interesadas y solicitando criterio al INAMU y al PANI con respecto a la afectación que podrían tener tanto las mujeres como la población infantil. A esto se suma y no se debe dejar de lado, la posición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con respecto a la aplicación de las jornadas de trabajo excepcionales y su preocupación por la desprotección de los derechos de las personas trabajadoras; precisamente como respuesta a una solicitud de criterio hecha por el mismo Gobierno en junio del presente año.

Ahora bien, tomando en cuenta lo anteriormente indicado, debemos dirigir una mirada crítica al Proyecto de Ley con respecto a la ruta que debería tenerse presente en la disyuntiva que enfrenta el Poder Ejecutivo al tener la “papa caliente” en este momento, así como por parte de toda persona que desde cualquier posición o cargo, deba valorar el proyecto en el contexto actual:

En primera instancia, se debe recurrir al marco filosófico e ideológico que representan la aprobación de las Garantías Sociales en Costa Rica y el respaldo de la Constituyente de 1949, pues no solo marcó un hito histórico en la protección de los derechos de las personas trabajadoras, sino que estableció un marco de referencia en la forma en que las sucesivas reformas tenían que elaborarse. Es decir, se parte de la premisa fundamental que el Estado debe proteger y tutelar los derechos laborales, buscando que el empleo que se genere en el país sea digno y edificante para todas las personas. No es, bajo la justificante de crear más empleos que se debe permitir la degradación de los derechos adquiridos o la precarización del empleo.

Como segundo aspecto, se debe aplicar una rigurosa revisión a los Convenios Internacionales, debido a que los organismos multilaterales han venido apuntando con preocupación un retroceso en los derechos laborales en el mundo, debido a la sobreexplotación laboral. Los desequilibrios que se han producido en el tiempo dedicado al trabajo versus el tiempo en familia y descanso, pasan la factura en muchas sociedades que tienen excesivos aumentos en los niveles de distrés, deterioro en la salud mental de las personas trabajadoras, suicidios, divorcios, violencia intrafamiliar y acoso en todas sus formas,  entre muchos otros efectos.

Por último, deberíamos cuestionarnos el rol que juega el Poder Ejecutivo en una República, ante disyuntivas como la actual. Es decir, cuando un Proyecto de Ley relacionado con los derechos humanos no muestra signos de progresismo laboral en todos sus extremos, de forma muy contundente debe enviar un mensaje a la sociedad en su conjunto, expresando que su primer deber es el proponer, promover o respaldar legislaciones que coadyuven al avance en la calidad de vida de todas sus poblaciones. No sería de recibo que se afecte, en este contexto a las poblaciones vulneradas por las sobrecargas laborales, salarios precarizados, el recargo del cuido y ahora, con una posible puerta abierta a la discriminación por incumplir con jornadas laborales excepcionales, como es el caso de las mujeres y hogares monoparentales. En derechos humanos no prevalece la voluntad de las mayorías, prevalece la protección de las personas que han sido vulneradas por el sistema social, político y económico.

El Pacto Social costarricense está fundamentado en un ideal de República, en un ideal de construir acuerdos, de buscar el bien común, de proteger a las personas en condición de pobreza  y especialmente, a aquellas poblaciones que socialmente requieran mayores esfuerzos del Estado para garantizarles una vida digna. El compromiso que asumimos como sociedad, personas trabajadoras y patronos, es que siempre veamos reflejadas en nuestras acciones y decisiones, la dignificación del ser humano, con el acceso a un trabajo, a un pago decente y una vida personal, familiar y laboralmente equilibrada.

Concluyo con un vehemente llamado a que prevalezca el espíritu social cultivado por nuestros antepasados con respecto a la protección de los derechos de todas las personas trabajadoras, que fue celosamente resguardado en la fundación de la Segunda República y que además es la brújula que nos mantiene vinculados con el Pacto Social costarricense. @mundiario