El uso irresponsable de la inteligencia artificial llega a los juzgados
La inteligencia artificial ha irrumpido en casi todos los ámbitos de la vida profesional como una promesa de eficiencia y rapidez. Sin embargo, el reciente caso investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias muestra que, cuando se utiliza sin criterio ni supervisión, esa promesa puede convertirse en un problema serio para el funcionamiento de la justicia y la confianza ciudadana.
La tecnología no sustituye al criterio profesional
El TSJC ha decidido investigar a un abogado por una posible vulneración de la buena fe procesal tras detectar que un recurso de apelación incluía citas de sentencias del Tribunal Supremo y referencias a informes oficiales que simplemente no existen. El tribunal no habla de un error aislado, sino de una reiteración que apunta a una conducta negligente. Dicho de forma clara, se habría presentado un escrito jurídico apoyado en una realidad inventada, como si se construyera un edificio sobre arena.
Este episodio pone sobre la mesa una cuestión clave. La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar información o a explorar líneas de trabajo, pero no tiene capacidad para distinguir entre lo veraz y lo plausible si no se le exige. El problema no es la herramienta, sino el abandono del control humano, especialmente grave en una profesión que exige rigor extremo.
La buena fe procesal como pilar del sistema
El tribunal canario ha sido especialmente duro en su valoración, llegando a hablar de “libérrima creatividad jurídica”. No es una expresión gratuita. En el proceso judicial, las reglas no son decorativas. La buena fe procesal garantiza que las partes juegan con las mismas cartas y que el juez puede confiar en que las referencias aportadas son reales y comprobables.
Cuando un abogado introduce citas falsas, aunque sea por confiar en un algoritmo, se rompe ese equilibrio. Además, se genera una carga innecesaria para los tribunales, que deben invertir tiempo en verificar lo que nunca debió presentarse. La posible sanción económica o disciplinaria no busca castigar la innovación, sino proteger la credibilidad del sistema.
Regular, formar y asumir responsabilidades
Este caso no es una anécdota, es una señal. La inteligencia artificial ya está en los despachos y va a seguir estando. Por eso resulta imprescindible avanzar en formación específica para los profesionales del derecho y en criterios claros sobre su uso. No basta con saber manejar la herramienta, hay que entender sus límites y riesgos.
También conviene abrir un debate sereno sobre responsabilidades. Si un escrito judicial contiene información falsa, alguien debe responder por ello, con independencia de que el error lo haya sugerido una máquina. Delegar sin verificar no es modernidad, es dejación de funciones.
La justicia no puede permitirse caminar a ciegas guiada por algoritmos opacos. La tecnología debe ser un faro que ilumine el camino, no un espejismo que confunda. Este episodio debería servir para reforzar la ética profesional y recordar que, incluso en tiempos de inteligencia artificial, el juicio crítico sigue siendo insustituible. @mundiario
