El Vaticano indemnizará a las víctimas del Sodalicio con los bienes incautados
El Vaticano ha decidido que la reparación no puede esperar más ni esconderse tras trámites eternos. La Santa Sede abrirá en mayo en Perú un canal directo para indemnizar a las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana utilizando los bienes incautados a la propia organización. No es solo un gesto administrativo: es un cambio de lógica. Por primera vez, la Iglesia institucionaliza una vía rápida, concreta y financiada con el patrimonio de la entidad responsable, asumiendo que el daño causado no admite dilaciones ni excusas canónicas.
La decisión, impulsada bajo el pontificado de León XIV, supone un salto cualitativo respecto a la línea marcada por su predecesor. Si hasta ahora la Iglesia había avanzado en el reconocimiento de las víctimas, ahora da un paso más incómodo: poner dinero, y hacerlo con los activos de quienes generaron el daño. En un contexto donde la credibilidad eclesial sigue erosionada por décadas de abusos y encubrimientos, el mensaje es claro: la reparación ya no será solo moral, sino también económica y tangible.
El caso del Sodalicio no es menor. Durante décadas, esta organización ultraconservadora construyó una red de poder e influencia en América Latina, especialmente en Perú, donde logró penetrar en élites económicas, educativas y religiosas. Su caída —culminada con su disolución en 2025— no solo respondió a los abusos sexuales documentados, sino a un entramado más amplio de prácticas sectarias, abuso de conciencia y control interno que ahora el Vaticano reconoce explícitamente como formas de violencia.
El modelo elegido también marca una ruptura. En lugar de recurrir a los habituales procesos penales canónicos, largos y opacos, el Vaticano opta por una vía administrativa basada en un principio simple: quien causa daño, repara. Esta lógica, apoyada en el canon 128 del derecho canónico, elimina la coartada burocrática que durante años ha permitido a instituciones eclesiales dilatar o esquivar responsabilidades.
Reparar con el dinero de los culpables
El elemento más disruptivo de la medida es el origen de los fondos. Las indemnizaciones no saldrán de donaciones ni de recursos generales de la Iglesia, sino del “valor consolidado” de los bienes del Sodalicio: propiedades, ingresos y activos previamente incautados. Es decir, la reparación será financiada con el mismo entramado económico que sostuvo a la entidad durante años.
Este enfoque introduce un precedente incómodo para otras realidades dentro de la Iglesia. Si el modelo se consolida, podría aplicarse a casos similares en distintas partes del mundo, obligando a órdenes, movimientos o diócesis a responder patrimonialmente por los abusos cometidos bajo su estructura. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la Iglesia en esta nueva lógica de responsabilidad?
Un reconocimiento más amplio del daño
Otro de los aspectos clave del anuncio es la tipología de abusos que serán indemnizados. No se limita a agresiones sexuales, sino que incluye abusos de poder, de conciencia y prácticas sectarias orientadas a quebrar la voluntad de las personas. También se reconocen formas más difusas pero igualmente destructivas, como el uso indebido de la dirección espiritual o el acoso en entornos laborales.
Este reconocimiento amplía el concepto de víctima dentro de la Iglesia, incorporando a quienes durante años quedaron fuera del foco mediático y jurídico. Personas que no sufrieron violencia física, pero sí manipulación psicológica, control emocional o coerción espiritual. En ese sentido, la medida no solo repara, también redefine.
Un proceso bajo presión y con resistencias
La apertura de este canal no se produce en un vacío. Llega tras años de investigaciones, tensiones internas y ataques al propio equipo vaticano encargado del caso. De acuerdo con EL PAÍS, el comisario designado, el sacerdote español Jordi Bertomeu, ha sido objeto de campañas de descrédito, presiones mediáticas e incluso amenazas directas por parte de antiguos miembros del Sodalicio.
La dureza del comunicado final —que advierte contra cualquier intento de interferencia— refleja el clima en el que se desarrolla el proceso. No es solo una cuestión de justicia, sino de poder. La desarticulación del Sodalicio implica desmontar una estructura con conexiones políticas, económicas y mediáticas que no desaparecen de un día para otro.
Una señal antes de la visita papal
El calendario tampoco es casual. León XIV busca dejar encarrilado este proceso antes de su prevista visita a Perú a finales de año. No se trata únicamente de una cuestión pastoral, sino de legitimidad. Llegar al país con un mecanismo de reparación en marcha le permite presentarse no solo como continuador de la lucha contra los abusos, sino como el pontífice que decidió cruzar la línea más difícil: la de pagar por los pecados de la institución.
En última instancia, lo que está en juego es algo más que un caso concreto. Es la credibilidad de una Iglesia que durante décadas pidió perdón sin traducirlo en acciones suficientes. @mundiario
