La UE avanza hacia la protección de periodistas y activistas con la ley anti-SLAPP
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han llegado a un acuerdo provisional sobre la ley anti-SLAPP, una medida que busca salvaguardar a activistas y periodistas de demandas civiles abusivas.
En la madrugada de este jueves, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo provisional que pone a la UE a un paso de implementar una legislación crucial para la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas ambientales. La denominada ley anti-SLAPP (Strategic Lawsuits against Public Participation, o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública), tiene como objetivo prevenir demandas civiles abusivas que buscan intimidar, silenciar y censurar denuncias legítimas contra individuos, lobbies, empresas poderosas y organismos estatales.
El negociador por parte de la Eurocámara, Timo Wölken, ha destacado que el acuerdo incluye dos puntos clave: el reconocimiento del carácter transfronterizo de estos procesos y la capacidad de los jueces para desestimar casos sin fundamento en etapas tempranas. Según Wölken, esto ampliará el acceso de activistas y periodistas a la protección que ofrece esta directiva.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia español, ha enfatizado la importancia de la nueva ley para defender a periodistas y defensores de derechos humanos contra casos judiciales infundados y abusivos. Advierte que nuestras democracias están en riesgo cuando los poderosos pueden silenciar las voces críticas en los tribunales.
El texto final acordado ofrece salvaguardias a aquellos afectados por demandas SLAPP. Podrán solicitar al juez la desestimación temprana de la demanda si se considera "manifiestamente infundada". Además, el demandante podría ser requerido a proporcionar una garantía financiera que cubra los costos del juicio, incluidos los de la víctima, o enfrentar sanciones.
La protección se extiende más allá de la UE
La ley tendrá un alcance transfronterizo, excepto en casos donde las partes involucradas estén domiciliadas en el mismo país del tribunal. La protección se extiende más allá de las fronteras de la UE, permitiendo a los Estados miembros rechazar el reconocimiento de sentencias de terceros países si son consideradas infundadas o abusivas.
La Comisión Europea, impulsora de la propuesta en la primavera de 2022, ha elogiado el acuerdo, destacando que proporcionará a la UE un "instrumento legal vinculante" contra las demandas estratégicas. Este paso es especialmente relevante tras el trágico asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, quien enfrentaba numerosas demandas de este tipo.
Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, ha subrayado la importancia de disuadir a quienes presentan demandas abusivas y fortalecer a las víctimas. En la misma línea, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha enfatizado la necesidad de proteger a quienes asumen riesgos para informar sobre temas de interés público, resaltando la importancia de defender las democracias, el Estado de derecho y la libertad de expresión, incluyendo a los medios de comunicación independientes. @mundiario
