El Supremo confirma que la Xunta y el Gobierno son responsables de la contaminación de As Conchas
La justicia ha puesto punto final —al menos en el plano judicial— a uno de los episodios más prolongados y silenciados de contaminación ganadera en España. El Tribunal Supremo ha confirmado que la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependiente del Gobierno central, son responsables por su inacción ante la degradación del embalse de As Conchas y el río Limia, en Ourense. La decisión convierte en firme la histórica sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y abre un precedente inédito en Europa: la macroganadería puede vulnerar derechos fundamentales cuando las administraciones miran hacia otro lado.
Durante décadas, las comarcas de A Limia y A Baixa Limia fueron transformadas por el crecimiento intensivo de explotaciones porcinas y avícolas. Más de 300 granjas operan en la zona, sosteniendo una industria cárnica voraz que convirtió el territorio en uno de los mayores polos de producción ganadera del noroeste peninsular. Pero ese progreso tuvo un reverso tóxico: vertidos masivos de purines, nitratos y residuos orgánicos que acabaron infiltrándose en el embalse y en los acuíferos subterráneos.
El fallo del Supremo no entra en nuevas valoraciones de fondo, pero al inadmitir los recursos de la Xunta y de la Confederación, respalda plenamente la resolución previa del Tribunal Superior. En ella se reconocía que la contaminación por nitratos y los episodios recurrentes de eutrofización —con proliferación de cianobacterias potencialmente tóxicas— vulneraron derechos tan básicos como el derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad domiciliaria, a la propiedad y al acceso al agua potable.
La sentencia describe un escenario que va más allá del deterioro ambiental. Habla de angustia, de ansiedad prolongada durante casi 24 años, de familias conviviendo con olores insoportables y con la incertidumbre constante sobre la salubridad del agua que bebían o utilizaban a diario. Habla también de campamentos escolares y actividades deportivas celebradas en aguas cuyo riesgo ya estaba documentado por informes científicos.
Una condena con dimensión europea
El caso del embalse de As Conchas es el primero en Europa que aborda la gestión de las macrogranjas desde la óptica de los derechos fundamentales. No se trata solo de incumplimientos administrativos o de sanciones ambientales: el tribunal gallego, ahora respaldado por el Supremo, afirma que la inacción de las autoridades públicas lesionó derechos humanos básicos.
La resolución obliga a indemnizar a los vecinos demandantes con cuantías que pueden alcanzar los 30.000 euros por persona. Pero el impacto va más allá de la compensación económica. La Xunta y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil deberán adoptar de forma inmediata todas las medidas necesarias para cesar los olores, frenar la degradación ambiental y garantizar un abastecimiento de agua potable limpia y segura.
El mensaje es contundente: cuando la actividad económica —en este caso, la ganadería industrial— pone en riesgo la salud y la vida, la protección de los derechos fundamentales debe prevalecer sobre cualquier interés productivo.
El coste de mirar hacia otro lado
El tribunal señala de forma explícita que las administraciones conocían la situación y estaban legalmente obligadas a actuar. Sin embargo, durante años no fueron capaces de poner remedio efectivo a la contaminación. Esa inacción es, precisamente, el núcleo de la condena.
El embalse de As Conchas no es solo un depósito de agua; es un espacio recreativo, agrícola y vital para la comarca. Sus aguas se utilizan para riego, para actividades deportivas y para el abastecimiento. Que alcanzaran niveles de nitratos por encima de los umbrales recomendados por la Organización Mundial de la Salud dibuja un escenario de riesgo cierto y documentado.
La sentencia introduce un elemento incómodo para el debate público: el modelo de producción intensiva tiene límites ecológicos y sociales. Cuando esos límites se sobrepasan, la factura no es solo ambiental, sino también jurídica y moral.
Un precedente que interpela al modelo ganadero
Las organizaciones ecologistas y jurídicas que respaldaron la demanda —entre ellas Amigas de la Tierra y ClientEarth— han celebrado el fallo como una “victoria definitiva”. No solo por lo que supone para los habitantes de As Conchas, sino por su potencial efecto dominó en otras regiones de España y Europa afectadas por la expansión de la macroganadería.
El precedente obliga a repensar la gobernanza ambiental. Las administraciones no pueden escudarse en la complejidad técnica ni en la presión económica. La sentencia del Supremo marca un antes y un después: la inacción ante la contaminación también es una forma de responsabilidad.
En el fondo, la resolución judicial no habla solo de purines, nitratos o cianobacterias. Habla de la dignidad de comunidades rurales que durante años sintieron que su salud valía menos que la rentabilidad de unas explotaciones. Habla de la necesidad de que el derecho al agua limpia no sea un eslogan, sino una garantía efectiva. @mundiario
