Solo cinco autonomías tienen el registro de médicos objetores de conciencia del aborto
Un año y medio después de la aprobación de la modificación de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como la ley del aborto, el incumplimiento en la creación del registro de médicos objetores revela serias brechas en la garantía de este derecho en el sistema público. Solo cinco comunidades autónomas —La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias— han implementado el registro exigido por la norma, según una investigación del diario El País, mientras que el resto aún no ha cumplido con esta obligación, generando desigualdades en el acceso a la interrupción del embarazo.
El registro de objetores es una herramienta fundamental para identificar a los profesionales que se oponen a realizar abortos, lo que permite a los centros de salud reorganizar sus recursos y garantizar que las mujeres puedan acceder a este servicio sin tener que desplazarse a otras provincias o comunidades. Sin embargo, la falta de este registro en muchas regiones está provocando situaciones problemáticas, como la experimentada por Antonia Correa en Murcia, quien tuvo que viajar a Madrid para recibir la prestación y enfrentó graves problemas emocionales y económicos.
El objetivo de la ley es asegurar que todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos. El artículo 19 de la ley establece que se debe garantizar un acceso igualitario a este servicio, pero la realidad es que en muchas autonomías aún se deben superar importantes obstáculos para cumplir con esta promesa.
Composición de comités clínicos
Mientras que Cataluña y Canarias ya han establecido sus registros, otras comunidades como Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Navarra están en proceso de adaptación, pero no han completado los requisitos estipulados por la ley. En algunos casos, la falta de avance se atribuye a la espera de un protocolo específico del Ministerio de Sanidad, aunque desde el ministerio se sostiene que este no es un impedimento para poner en marcha el registro.
La ausencia de registros no solo afecta la disponibilidad de servicios en el ámbito público, sino que también plantea riesgos en la composición de comités clínicos que deben decidir sobre abortos en casos complejos. La falta de un listado claro puede llevar a que profesionales objetores participen en estas decisiones, lo que podría comprometer el acceso a una atención adecuada. @mundiario
