Retrasos en cribados de cáncer de mama: las mujeres afectadas denunciarán al Gobierno andaluz
La presidenta de la Asociación de Mujeres Andaluzas Afectadas por Cáncer de Mama (Amama), Ángela Claverol, ha confirmado esta mañana que la organización presentará una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) debido a los retrasos en los diagnósticos del programa de detección precoz de cáncer de mama. La acción legal, que será formalizada esta tarde en Sevilla, busca que se depuren responsabilidades y se exijan compensaciones económicas a las afectadas.
El abogado de Amama, Manuel Jiménez, ha declarado que la denuncia también incluirá a la consejera de Salud, Rocío Hernández, entre las personas demandadas. “Queremos que se depuren responsabilidades y se otorgue el resarcimiento correspondiente”, ha subrayado el letrado. Claverol ha explicado que desde que se destapó el escándalo, la asociación ha recibido numerosos testimonios de mujeres que creen haber sido víctimas de los fallos en la comunicación de los resultados de los cribados. Según la presidenta, varias mujeres fallecieron por retrasos en pruebas complementarias tras mamografías con resultados no concluyentes.
Fallos en el programa de cribado: un problema de escala
c no fueron informadas de que los resultados de sus mamografías eran no concluyentes. El protocolo vigente permitía que los radiólogos decidieran cuándo volver a citar a las pacientes, lo que podía tardar desde tres meses hasta un año, y en algunos casos, hasta dos años, período durante el cual algunas mujeres desarrollaron tumores o recurrieron a la sanidad privada.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunció un plan de choque que incluye informar de manera inmediata a todas las pacientes sobre sus diagnósticos, pero asociaciones como Facua critican la falta de transparencia y la imposibilidad de consultar públicamente los protocolos del SAS. “No se puede consultar en la página web del SAS, y esto genera incertidumbre sobre los tiempos de respuesta y seguimiento de las pruebas”, señala Rubén Sánchez, secretario general de Facua.
Según la Junta, los retrasos se deben a “disfunciones en los sistemas informáticos” que impiden detectar solicitudes de exploraciones indicadas por especialistas de otras áreas hospitalarias. Sin embargo, tanto Amama como expertos legales consideran insuficiente esta explicación y exigen claridad sobre la cadena de errores que ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres.
Repercusiones legales y sociales
La denuncia de Amama se suma a la que está investigando la Fiscalía Superior de Andalucía, registrada por la asociación Defensora del Paciente, así como otra presentada por Izquierda Unida ante la Fiscalía General del Estado, en la que se piden responsabilidades a los tres consejeros de Salud que ha tenido Moreno por homicidio imprudente y omisión del deber de prestar servicios sanitarios. Además, el Defensor del Pueblo Andaluz estudia iniciar una investigación de oficio.
Facua ha puesto en marcha una plataforma de afectadas, que no se limita a Andalucía, y un despacho de abogados especializado en denuncias contra el SAS también ha abierto un procedimiento para aglutinar a las víctimas y reclamar responsabilidad patrimonial mediante contencioso-administrativo.
Un fallo sistémico que cuestiona la gestión sanitaria
Expertos en salud pública advierten que este caso refleja una falla estructural en la gestión del programa de cribado de cáncer de mama. La combinación de retrasos, falta de transparencia y deficiencias en la comunicación pone en evidencia la necesidad de reformas profundas en la sanidad andaluza, con protocolos claros, trazabilidad de las pruebas y mecanismos efectivos para garantizar la atención inmediata de casos críticos.
La acción colectiva de Amama podría sentar un precedente para la protección de los derechos de las pacientes y obligar a la Junta de Andalucía a reforzar la supervisión de sus programas de detección precoz. @mundiario
