La Justicia española protege a los menores trans y no binarias ante las campañas de HazteOír
El pasado 12 de enero, un juzgado de Barcelona confirmó la multa de 20.000 euros a HazteOír por difundir mensajes discriminatorios contra personas trans y no binarias en plena calle. Frases como “Les niñes no existen” o “No a la mutilación infantil”, exhibidas en autobuses en noviembre de 2022, no eran una crítica a la Ley trans que entonces tramitaba el Gobierno, sino ataques directos a la identidad y dignidad de menores y jóvenes. La sentencia es clara: la libertad de expresión tiene un límite cuando choca con derechos fundamentales como la protección de la infancia y la igualdad.
Este fallo marca un punto de inflexión porque, históricamente, HazteOír había logrado evadir sanciones similares. En ocasiones anteriores, las multas impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona o la Generalitat fueron anuladas tras recursos judiciales. Sin embargo, esta vez, la Justicia ha decidido que los mensajes atentan contra la dignidad y que la sociedad no puede tolerar campañas de odio en nombre de la opinión personal o de un ideario religioso.
Contexto histórico y social
HazteOír nació en 2001 con el objetivo de defender valores ultraconservadores y, desde entonces, ha vinculado su activismo a ataques contra los avances feministas y los derechos LGTBI+. La organización ha operado bajo la marca internacional CitizenGo, conectando con partidos y líderes de extrema derecha en Europa y América Latina. Sus campañas, que a menudo utilizan autobuses como “megáfonos móviles” de su ideario, han circulado por Madrid, Barcelona y otras ciudades, buscando generar alarma social y desacreditar la existencia de personas trans y no binarias.
Es crucial entender que estas acciones no son solo declaraciones polémicas: afectan la vida real de quienes ven negada su identidad y se enfrentan al rechazo social. La sanción de Barcelona reconoce que la exposición pública de mensajes que niegan la existencia de un colectivo vulnera derechos y fomenta un clima de hostilidad. Además, la sentencia refuerza el papel de la sociedad civil organizada: asociaciones como No es terapia han logrado intervenir en los tribunales, demostrando que la defensa de los derechos humanos puede ejercerse también mediante el litigio estratégico.
Reflexión y futuro de la protección de derechos
Más allá de la multa, esta resolución plantea preguntas sobre cómo se protege la igualdad en la esfera pública. La Justicia ha enviado un mensaje firme: la defensa de la infancia y de la dignidad de las personas trans y no binarias no puede sacrificarse en el altar de la libertad de expresión mal entendida. Sin embargo, la sanción económica y la prohibición temporal de contratar con la Administración son medidas limitadas. Para que estos precedentes tengan un impacto real, hace falta educación inclusiva, políticas públicas que visibilicen la diversidad y un compromiso activo de las instituciones con los derechos humanos.
El autobús de HazteOír se convierte así en un símbolo: mientras antes circulaba impune, ahora su marcha se detiene, obligándonos a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos. Una sociedad que protege a sus miembros más vulnerables y no tolera discursos que los deshumanizan es una sociedad que avanza. La justicia ha dado un paso; corresponde a todos los ciudadanos y a las instituciones dar el siguiente. @mundiario
