La Fiscalía cierra por primera vez en España páginas que publicitaban la gestación subrogada
La Fiscalía ha conseguido cerrar en España, “por primera vez”, páginas webs que promovían la gestación subrogada, un negocio que está prohibido en el país desde hace casi dos décadas. La medida no solo marca un precedente legal, sino que abre un debate sobre la vulnerabilidad de los derechos humanos frente a los intereses comerciales.
España prohíbe la gestación subrogada desde 2006 y reforzó su normativa en 2023, vetando cualquier publicidad relacionada. Sin embargo, hasta ahora, las agencias de intermediación habían encontrado formas de esquivar la ley, promocionando sus servicios a través de internet sin consecuencias tangibles. La denuncia presentada en Galicia por una asociación feminista y remitida a las fiscalías de Barcelona y Madrid ha logrado finalmente poner freno a este tipo de anuncios.
La publicidad ilegal como ventana a la explotación
Aunque no se haya constatado la realización de gestaciones, la mera promoción de este negocio constituye un acto ilícito y desleal según la ley española. La fiscal de consumo de Barcelona, Paloma Pelegrín, denunció que los anuncios eran “descarados” y cosificaban tanto a mujeres como a bebés.
En Madrid, el Juzgado de lo Mercantil 12 ha confirmado esta tendencia, declarando la publicidad como ilícita y condenando a las empresas a cesar su campaña y difundir públicamente la sentencia, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press. Sin embargo, la Fiscalía reconoce que la lucha está lejos de terminar: existen numerosas páginas internacionales que continúan publicitando la gestación subrogada, explotando vacíos legales y fronteras digitales.
Entre la ley y la realidad social
El conflicto entre la normativa española y la práctica en el extranjero también refleja un dilema ético y social. En 2024, 154 bebés nacidos por gestación subrogada fuera del país fueron inscritos en el Registro Civil, mostrando que la prohibición en España no detiene a familias dispuestas a buscar alternativas en el extranjero. El Gobierno ha endurecido ahora los procedimientos de inscripción para evitar que los ciudadanos burlen la ley, exigiendo la filiación únicamente por vínculo biológico o adopción.
Ahora bien, uno de los principales problemas sigue siendo el entorno digital: el bloqueo de páginas internacionales no es competencia directa de las autoridades de telecomunicaciones, y cualquier medida podría rozar el derecho a la libertad de expresión. La Fiscalía ha solicitado la intervención de los órganos jurisdiccionales, mientras que instituciones como el Instituto de las Mujeres se muestran dispuestas a colaborar. Este cruce entre derechos digitales y protección de menores y mujeres plantea un desafío sin precedentes en la justicia española.
El cierre de estas webs supone un hito en la lucha contra la mercantilización de la gestación, pero también una advertencia a quienes intenten normalizar una práctica prohibida. Más allá del impacto legal, el gesto tiene un efecto emocional: reafirma la necesidad de proteger la dignidad de las mujeres y los derechos de los menores frente a intereses comerciales que buscan lucrarse con la maternidad. @mundiario
