Detenida una trabajadora de guardería en Jerez tras descubrirse en vídeo el maltrato a varios niños
La tranquilidad habitual de la Escuela Infantil La Granja, en Jerez de la Frontera, se vio abruptamente alterada por un episodio de crueldad insólita. Una trabajadora del centro, una mujer de mediana edad cuya identidad no ha trascendido, ha sido detenida por la Policía Nacional acusada de maltratar a cinco menores a su cargo. Los hechos fueron descubiertos gracias a una investigación interna iniciada por el propio centro, que decidió colocar cámaras en el aula tras recibir la denuncia de unos padres preocupados por el comportamiento de su hijo.
Las grabaciones, obtenidas por un detective privado contratado por la dirección, revelaron actitudes violentas y trato degradante hacia los niños, entre ellas bofetadas y empujones, según confirmaron fuentes policiales. Al conocer el contenido de los vídeos, la escuela despidió inmediatamente a la empleada y puso los hechos en conocimiento de las autoridades.
El caso ha sido asumido por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Jerez, cuyos agentes se encargaron de contactar con los padres de los menores afectados y mostrarles las imágenes que sirvieron de prueba. Posteriormente, la sospechosa fue detenida y puesta a disposición judicial.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez la dejó en libertad provisional, aunque le impuso la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del centro y de los cinco menores identificados como víctimas. La mujer se acogió a su derecho a no declarar y está siendo investigada por un presunto delito contra la integridad moral.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se confirmó que la investigación continúa abierta y que no se descarta que puedan aparecer nuevos casos a medida que se revisan las grabaciones y se toma declaración a más familias.
Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aclaró que el centro, aunque privado, está adherido al programa autonómico de bonificaciones, lo que le permite ofrecer plazas subvencionadas, pero sin que el Gobierno regional tenga injerencia directa en la contratación o despido del personal. “El centro actuó con diligencia, la despidió y comunicó los hechos por vía no oficial”, explicaron fuentes de la Delegación Territorial en Cádiz.
El suceso ha generado profunda indignación entre los padres y la comunidad educativa de Jerez, que reclaman controles más estrictos sobre la cualificación y supervisión del personal en los centros de educación infantil. Asociaciones de familias han pedido a la Junta de Andalucía que refuerce los protocolos de protección en guarderías privadas y que se garantice un sistema de vigilancia más eficaz frente a posibles casos de maltrato infantil.
Mientras tanto, la investigación policial sigue su curso, con el foco puesto en determinar durante cuánto tiempo se produjeron los abusos y si hubo omisiones por parte de otros empleados o responsables del centro. El caso ha abierto un debate social sobre la seguridad en los entornos educativos más vulnerables: aquellos donde los niños aún no tienen voz para contar lo que les ocurre. @mundiario
