El crimen de Badajoz destapa la precariedad y la falta de seguridad en los centros de menores
La muerte de Belén Cortés, auxiliar técnica educativa de 35 años, ha destapado una realidad que los trabajadores de los centros de menores llevan años denunciando: la falta de recursos, la escasa seguridad y la precariedad laboral que enfrentan en su día a día. La tragedia ocurrió en un piso tutelado de Badajoz, gestionado por una empresa privada contratada por la Junta de Extremadura, donde la víctima trabajaba sola aquella noche, a cargo de un grupo de menores que cumplían diferentes resoluciones judiciales.
Compañeros de la fallecida afirman que llevaban meses alertando sobre el aumento de la agresividad de los menores y que no se debía permitir que un solo trabajador quedara al cuidado del grupo. Sin embargo, la Consejera de Asuntos Sociales de la Junta extremeña, Sara García España, ha defendido que la empresa cumplía con lo pactado en el contrato de adjudicación de 2022, aunque ha reconocido que se estaba trabajando en un nuevo pliego que contemplaba un refuerzo de personal y un posible incremento de las medidas de seguridad.
Estos pisos tutelados forman parte de las medidas establecidas en la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor, en los que se pretende garantizar una convivencia en grupo educativo para su reinserción. Sin embargo, en muchas comunidades autónomas, la gestión de estos centros recae en empresas privadas que operan con licitaciones renovables cada pocos años, lo que genera una gran rotación de personal y condiciones laborales inestables.
La falta de atención agrava los problemas
Educadores sociales y trabajadores del sector coinciden en que la situación en estos centros es insostenible. La falta de personal, la escasez de formación específica y la creciente agresividad de algunos menores convierten su labor en un desafío constante. "No concibo que una sola persona pueda quedarse al cuidado de estos jóvenes", lamenta Inés María Solomando, secretaria general del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura. Además, señala que la falta de atención sanitaria adecuada agrava los problemas, ya que muchos menores con trastornos de salud mental no reciben la asistencia necesaria.
La problemática no es exclusiva de Extremadura. En Valladolid, la exeducadora Victoria Salinas inició una recogida de firmas en change.org para exigir más seguridad en los centros, tras vivir en primera persona motines y agresiones. "No me sentía a salvo en mi lugar de trabajo", asegura. En Madrid, otra trabajadora relata que en su centro también hubo un motín, con compañeros que sufrieron graves lesiones. La falta de protocolos claros y la ausencia de respuesta de las administraciones agravan aún más la situación. "Si queremos denunciar, no sabemos si dirigirnos a la empresa que gestiona el centro o a la administración autonómica", denuncia Salinas.
Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2023 se impusieron 20.910 medidas judiciales a menores, de las cuales la mayoría fueron de libertad vigilada, aunque el internamiento semiabierto sigue representando un porcentaje significativo. Especialistas en justicia juvenil advierten que, si bien estos centros cumplen una función importante en la reinserción de los jóvenes, es necesario establecer estándares mínimos comunes en su gestión para evitar desigualdades entre comunidades autónomas y garantizar condiciones de trabajo dignas para los profesionales.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado recientemente su intención de fijar criterios mínimos para estos centros sin invadir competencias autonómicas. Mientras tanto, los trabajadores del sector siguen exigiendo mejoras urgentes para evitar que tragedias como la de Belén Cortés vuelvan a repetirse. @mundiario
