La controversia por el acuerdo de reparación de víctimas de la Iglesia en España
Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, ha calificado el acuerdo firmado por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos como una “arma de distracción masiva”. Según su opinión, el pacto sería sectario y desviaría la atención de los abusos que ocurren en otros ámbitos de la sociedad.
Sin embargo, es fundamental poner estos comentarios en contexto. Aunque es cierto que la mayoría de abusos no ocurren dentro del clero, el acuerdo aborda un problema histórico que la Iglesia ha ignorado durante décadas. El Defensor del Pueblo, en su informe de octubre de 2023, estima que un 1,13% de la población española ha sufrido abusos en el ámbito religioso, lo que equivale a unas 440.000 personas. Esto demuestra que el problema no es anecdótico y que el compromiso institucional para reconocer y reparar a las víctimas es necesario.
Además, Sanz Montes figura en la base de datos de El País como encubridor de casos de abusos. Ha recibido denuncias directas de víctimas sin tomar medidas, lo que convierte sus críticas a un acuerdo de reparación en un argumento difícil de sostener desde la ética institucional.
Las víctimas como protagonistas de la reparación
Cuatro asociaciones de víctimas —Justice Initiative España, ANIR, AVA y Lulacris— han solicitado al Papa el cese del arzobispo y una condena pública por su postura. Sus argumentos reflejan una frustración legítima: mientras se abre la puerta a la reparación, la crítica de Sanz Montes parece intentar cerrarla con justificaciones que ignoran el sufrimiento de quienes han sido dañados.
Es importante entender que las víctimas no buscan revancha, sino justicia y reconocimiento. El acuerdo firmado implica que el Defensor del Pueblo será el encargado de evaluar cada caso y proponer la reparación correspondiente, un avance que separa a la Iglesia del papel de juez y parte, garantizando mayor transparencia. Este mecanismo puede ser una guía para otras instituciones con historias de abuso que todavía operan en la sombra.
Hacia una respuesta institucional responsable
La polémica evidencia que la reparación de víctimas no es solo un trámite administrativo, sino un ejercicio de responsabilidad moral. No basta con acuerdos de papel; se requiere un cambio cultural profundo dentro de las estructuras eclesiásticas y sociales que históricamente han silenciado a los afectados.
La metáfora de “arma de distracción masiva” utilizada por Sanz Montes revela cómo a veces la defensa del poder institucional pretende ocultar el dolor que no puede ser ignorado. Frente a esto, es necesario que la sociedad y la propia Iglesia adopten una postura firme: escuchar a las víctimas, actuar sobre los culpables y garantizar mecanismos de reparación independientes. Solo así se podrá reconstruir la confianza y garantizar que la palabra de la Iglesia no sea un eco vacío, sino un compromiso real con la justicia.
El acuerdo Gobierno-Iglesia es un paso, no un destino. Es una invitación a que la reparación sea tangible y la prevención de futuros abusos sea una política activa. La sombra del pasado no puede dictar el futuro; corresponde ahora a todos los actores implicados transformar la indignación en acciones concretas que realmente protejan a los más vulnerables. @mundiario
