Consumo quiere regular las reseñas online que perjudican al turismo y la hostelería

La iniciativa del Ministerio de Consumo no solo defiende a empresas hosteleras frente al daño reputacional, sino que también protege al consumidor de una distorsión cada vez más habitual.
Una mujer con su móvil. / Unsplash.
Una mujer con su móvil. / Unsplash.

Las reseñas online se han convertido en un arma de doble filo. Lo que nació como una herramienta para empoderar al consumidor se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en un campo de batalla de intereses ocultos, guerras entre competidores o venganzas personales. Por eso es tan relevante que el Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, haya dado un paso adelante proponiendo una regulación que permita detectar y eliminar opiniones falsas.

Bares, restaurantes y hoteles viven —literalmente— de su reputación. Basta una mala valoración en plataformas como TripAdvisor, Booking o Google para que potenciales clientes cambien de opinión. Pero ¿qué ocurre cuando esa crítica no se basa en una experiencia real, sino en una manipulación deliberada? Se daña a negocios legítimos, se engaña al consumidor y se desvirtúa el propósito original de estas plataformas: compartir experiencias auténticas.

La medida estrella que plantea Consumo es clara: si una empresa puede demostrar que el autor de una reseña no ha disfrutado del servicio o que el comentario no es verídico, podrá solicitar su retirada. Además, solo se podrá opinar en los 30 días siguientes a la compra o visita. Nada de juicios tardíos ni ataques anónimos que aparecen meses después. Se busca así poner coto a una práctica abusiva que, además, está claramente alineada con el principio europeo de transparencia en el consumo digital.

Algunos dirán que esto limita la libertad de expresión. Pero no se trata de censurar críticas legítimas, sino de frenar el uso fraudulento de un canal que influye directamente en las decisiones de compra de millones de personas. El consumidor, si de verdad ha estado allí, seguirá teniendo derecho a opinar. La diferencia es que ahora se pide una mínima garantía de que esa opinión tenga base.

Una adaptación legal

En paralelo, esta reforma encaja con otras medidas sensatas del paquete legal que se está tramitando en el Congreso: desde prohibir la compraventa de reseñas hasta exigir que se indique si la valoración ha sido verificada. Se trata, en suma, de introducir en el ecosistema digital un mínimo de control que ya damos por hecho en el mundo físico. ¿Alguien se fiaría de una crítica de restaurante publicada en una guía gastronómica si no se supiera quién la firma ni si ha probado el menú?

Y no olvidemos que esta batalla por la autenticidad de las reseñas no es solo española. Italia ya ha tomado medidas similares y otros países europeos lo están estudiando. No estamos, por tanto, ante un capricho aislado, sino ante una necesaria adaptación legal al modo en que se construyen hoy las reputaciones en internet.

En definitiva, esta propuesta no viene a eliminar las reseñas: viene a rescatar su valor. Y si eso significa que empresas y consumidores tienen que aportar un poco más de transparencia, bienvenido sea. Porque una opinión con rostro y contexto vale más que mil “estrellas” anónimas. @mundiario

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