El Congreso aprueba la 'ley trans' para la libre autodeterminación de género

La norma ha sido aprobada con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones, entre ellas, la de la socialista Carmen Calvo.

Bandera trans. / Pixabay
Bandera trans. / Pixabay

El Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI –mejor conocida como “Ley Trans”– fue aprobado este jueves tras meses de debates, peleas entre los socios del Gobierno y la oposición de una parte del movimiento feminista. Con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones, la norma continúa su camino al Senado, donde deberá ser aprobada para convertirse en ley.

La Cámara alta podrá aprobar el texto tal y como está, modificarlo a través de enmiendas o aprobar un veto. Sin embargo, en caso de que surja alguno de los dos últimos supuestos, la iniciativa tendría que volver al Congreso de los Diputados para un último debate.

La presidenta de la Comisión de Igualdad, diputada socialista y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha roto la dinámica de partido al abstenerse de votar, mientras que el resto de los diputados del PSOE han apoyado esta ley. “Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley”, manifestó a la salida del pleno. “Por eso no puedo coincidir con el ‘no’ de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil la opción más compleja y asumo las consecuencias de mis actos, siempre”, añadió, según ha recogido la Cadena SER.

En cualquier caso, el Ejecutivo ha logrado su objetivo; la norma fue aprobada en la Cámara baja antes de fin de año, a pesar de la incertidumbre generada por la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar su sexo en el DNI solo con su voluntad.

“Vidas libres”

La ministra de igualdad, Irene Montero, celebró que la Cámara baja salde “la deuda” que el país tiene con las personas de este colectivo, dando “un paso muy importante para reconocer la libertad de determinación de la identidad de género y los derechos de las personas LGTBI”. “La forma más contundente que tenemos los demócratas para hacer frente a los reaccionarios y de seguir avanzando en democracia, es conquistar derechos”, explicó.

Asimismo, en el debate del dictamen del proyecto de ley el día anterior, Montero celebró que el Congreso “cierre armarios” y “abra puertas y ventanas” con una ley que conseguirá asegurar “vidas libres” a las personas trans y LGTBI.

Por su parte, Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, manifestó que su formación no ve la aprobación de la Ley Trans como una victoria frente al PSOE, pues “lo de menos” en esta tramitación es “la batalla política”.

¿En qué consiste la ley?

El texto tiene como objetivo garantizar y promover “la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, así como de sus familias”, con “medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación, en los ámbitos de la vida social y a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social de esta personas”.

El cambio registral de nombre y sexo en el DNI será con aval judicial entre los 12 y los 14; con consentimiento de padres, madres o representantes legales entre los 14 y los 16; y libre a partir de los 16, pues la norma reconoce la voluntad de la persona como único requisito para efectuar este proceso. Ahora bien, para hacer el cambio en el registro, la ley despatologiza oficialmente la transexualidad, que dejó de ser considerada un trastorno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018. La norma elimina los requisitos médicos que hasta ahora eran necesarios: llevar al menos dos años con hormonación y un informe médico o psicológico que avalase la existencia de disforia de género, un término ya no aceptado por la comunidad científica ni los organismos internacionales.

La ley prohíbe la “promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales”. Dichas terapias son consideradas como una infracción muy grave y está penada con multas que van desde los 10.000 a los 150.000 euros.

Además, se incluye la modificación del artículo 120 del Código Civil, lo que “supone la posibilidad, para las parejas de mujeres, y parejas de hombres cuando uno de los miembros sea un hombre trans con capacidad de gestar, de proceder a la filiación no matrimonial por declaración conforme en los mismos términos que en el caso de parejas heterosexuales”.

Y, entre otras cosas, contempla una Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans con medidas de acción positiva para este colectivo en diversos ámbitos como el laboral, el educativo o de vivienda. @mundiario

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