Las comunidades ultiman sus propias restricciones ante el fin del estado de alarma

Un hombre caminando cerca de un restaurante en Girona cerrado por las restricciones derivadas de la pandemia. / Twitter.
Un hombre caminando cerca de un restaurante en Girona cerrado por las restricciones derivadas de la pandemia. / Twitter.
Las autonomías proponen planes alternativos para mantener algunas restricciones pero temen caer en un limbo jurídico a partir del 10 de mayo.
Las comunidades ultiman sus propias restricciones ante el fin del estado de alarma

El fin del estado de alarma divide al Gobierno, los socios y las comunidades autónomas. El Ejecutivo confía en enterrar el próximo 9 de mayo el paraguas jurídico que permitía adoptar medidas como el toque de queda o el confinamiento perimetral, pero los gobiernos autonómicos no están tan seguros: algunas regiones ya ultiman planes alternativos para aprobar sus propias restricciones frente al virus.

Comunidades como el País Vasco, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cantabria han reclamado en varias ocasiones ampliar el estado de alarma más allá de la fecha planteada, pero el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha insistido en que llevan semanas “trabajando” para no tener que prorrogar este el instrumento jurídico.

Los dirigentes autonómicos han decidido ir más allá: Cataluña estudia hacer cambios a su ley de salud pública para “dar cobertura jurídica a un eventual toque de queda tras el 9 de mayo”. Mientras que otras autonomías, como Asturias o Andalucía, preparan sendos documentos o “guías de trabajo” para acotar las restricciones previstas.

“El 9 de mayo no se acaban las incidencias altas, ni la ocupación elevada de las unidades de cuidados intensivos (UCI). Y seguiremos lidiando con la variante británica, nos viene la india y no hay coberturas tan altas de vacunación todavía. La situación epidemiológica es tal que tendremos que proseguir con las medidas de limitación de movimiento e interacción social”, ha advertido Daniel López-Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).


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Limbo jurídico

La decisión de los gobiernos regionales de poner en marcha un plan para mantener sus propias restricciones frente al virus podría desatar un nuevo limbo jurídico, como el pasado verano, cuando cayó el primer estado de alarma. 

Entre los meses de junio y octubre de 2020, las autonomías podían decidir sobre los horarios comerciales u otras medidas restrictivas ‘leves’, pero estaban obligadas a recurrir a los tribunales antes de aplicar un confinamiento perimetral o limitar las reuniones entre personas. Esto ocurre porque cualquier medida que limite derechos fundamentales debe contar con el aval preceptivo de los tribunales y derivó un caos jurídico porque algunos jueces tumbaron medidas que otros aprobaron. 

Los epidemiólogos lo tienen claro: cualquier proceso que ralentice la toma de medidas restrictivas para frenar el virus podría hacer repuntar la curva epidémica en España. 

“Ahora estamos en un déjà vu que podría evitarse: tenemos un cheque en blanco, que es el estado de alarma, y debería prorrogarse, porque si no, nos va a llevar a una situación de mayor heterogeneidad, diversidad y posibles contradicciones entre comunidades. De la noche a la mañana, pasaremos de tenerlo todo controlado, a tenerlo descontrolado y dejarlo todo al arbitrio de las comunidades. Y esto nos mete en un escenario de judicialización de acciones que le corresponden a la autoridad sanitaria”, lamenta López-Acuña.

El Gobierno es optimista

En medio de este conflicto, el Ejecutivo se mantiene optimista. “Estamos preparados para afrontar el día siguiente de la desaparición del estado de alarma”, reiteraba la vicepresidenta Carmen Calvo a principios de mes. Este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido la misma postura: no es necesario “prorrogar” el estado de alarma, pese a que “algunos consejeros y consejeras han planteado la necesidad de tener medidas y herramientas jurídicas”. @mundiario 

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