La batalla por la universidad española: fin del negocio fácil y comienzo de la rendición de cuentas
Durante años, el sistema universitario español ha vivido una expansión que, en apariencia, representaba pluralidad y libre elección, pero que en la práctica escondía un fenómeno preocupante: el crecimiento descontrolado de universidades privadas, muchas de ellas sin la calidad, el profesorado o los medios suficientes para sostener una enseñanza de nivel superior. El resultado es un ecosistema educativo desigual, donde la universidad pública —cada vez más infrafinanciada— convive con un mosaico de centros privados que, en ocasiones, priorizan el beneficio económico sobre el conocimiento.
El nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros busca poner orden en ese panorama. Con el aval del Consejo de Estado, el Gobierno ha reformado la normativa de creación de universidades para introducir criterios más exigentes: un mínimo de 4.500 estudiantes a los seis años de actividad, informes de calidad elaborados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o sus sedes autonómicas, y garantías de solvencia financiera. En otras palabras, quien aspire a abrir una universidad deberá demostrar antes que no se trata de un experimento oportunista, sino de un proyecto educativo serio, sostenible y con vocación de permanencia.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha resumido la situación con una frase tan política como certera: “El sistema de igualdad de oportunidades se está gripando”. Y no le falta razón. Los datos son elocuentes: mientras las universidades públicas apenas han crecido un 2% en alumnado desde 2015, las privadas lo han hecho un 129%. Hoy hay casi tantas instituciones privadas como públicas (46 frente a 50), cuando en 1983 solo existían cuatro privadas. Lo que comenzó como una alternativa complementaria se ha convertido en una invasión de campus impulsados por fondos de inversión, grupos religiosos o intereses empresariales.
La medida, aunque tardía, supone un cambio de paradigma. No se trata solo de frenar la creación de “universidades chiringuito” —como las definió el propio Pedro Sánchez—, sino de redefinir qué significa ser una universidad. Hasta ahora, bastaba con disponer de aulas, una página web atractiva y un catálogo de grados y másteres “propios” para operar como institución de educación superior. El decreto impone ahora estándares que van más allá de la fachada: exige investigación, profesorado acreditado, programas de doctorado y presencia real en al menos tres grandes áreas del conocimiento.
Esta exigencia de “masa crítica” (4.500 alumnos como mínimo) tiene un sentido más profundo de lo que parece. No es solo una cuestión de tamaño, sino de estructura: una universidad sin suficiente alumnado no puede sostener una biblioteca completa, ni laboratorios, ni líneas de investigación estables. En definitiva, no puede cumplir su función social de producir conocimiento. La medida también apunta a frenar el efecto burbuja que ha inflado el negocio de los títulos universitarios en España: centros pequeños, con formación fragmentada, másteres de bajo control académico y precios desorbitados.
El Gobierno aprueba el RD de creación, reconocimiento y autorización de universidades.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) October 7, 2025
“Protegemos la calidad del sistema universitario y mejoramos los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y requisitos de calidad”, afirma la ministra @DianaMorantR. pic.twitter.com/v9bqDHgCW1
El debate, no obstante, trasciende el ámbito educativo. Detrás de esta reforma late una pugna ideológica sobre el papel del Estado en la educación superior. Las comunidades autónomas, que durante años han avalado la creación de universidades privadas para “fomentar la competencia”, ahora ven restringida su capacidad de aprobar proyectos sin el visto bueno técnico de la ANECA. El Gobierno central recupera así un cierto control en un terreno que había cedido, y eso ha generado recelos políticos, especialmente en regiones con fuerte autonomía educativa, como Cataluña o la Comunidad Valenciana.
No es casualidad que las universidades online estén en el punto de mira. En un contexto en que la digitalización ha abierto el acceso a la enseñanza, muchas instituciones han proliferado sin apenas control ni estándares comunes. El decreto intenta corregir ese vacío estableciendo que las universidades a distancia serán evaluadas con el mismo rigor que las presenciales, aunque las presiones autonómicas han suavizado algunos puntos: si imparten parte de sus clases en lengua cooficial o reciben financiación regional, seguirán dependiendo de las agencias locales.
A pesar de las concesiones, el nuevo marco supone un reconocimiento implícito de que el modelo anterior fracasó. España ha confundido durante años cantidad con calidad. La multiplicación de universidades no ha ido acompañada de una mejora en los indicadores internacionales, ni en la producción científica, ni en la inserción laboral de los titulados. Lo que sí ha crecido es el negocio educativo: programas “executive”, másteres de marca blanca y títulos propios con escaso control académico. La universidad se convirtió, en demasiados casos, en una empresa más dentro del mercado del conocimiento.
La reforma pretende poner fin a esa lógica mercantil. Pero su éxito dependerá, como siempre, de la voluntad política y de la financiación. No basta con exigir estándares de calidad a las nuevas universidades si las públicas siguen atrapadas en presupuestos insuficientes, sueldos congelados y falta de medios. Reforzar la excelencia pasa también por invertir en los campus públicos, donde se genera el 70% de la ciencia española y el 92% de la investigación.
La batalla por la universidad española no es, por tanto, solo un asunto técnico. Es un pulso entre dos modelos de país: el que concibe la educación como un negocio y el que la entiende como un derecho. Con este decreto, el Gobierno ha elegido, al menos en el papel, el segundo camino. Falta ver si será capaz de recorrerlo sin ceder, otra vez, ante la presión de quienes ven en la enseñanza superior un nicho de mercado antes que un pilar de la democracia. @mundiario
