Adamuz entra en los tribunales: nueve denuncias, siete acusaciones populares y 45 víctimas

A menos de una semana después del siniestro que conmocionó España, el caso Adamuz empieza a tomar forma en los tribunales. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha confirmado que ya han aterrizado nueve denuncias presentadas por afectados y que existen al menos siete peticiones para ejercer la acusación popular, incluidas las de partidos políticos. Una cifra que previsiblemente crecerá conforme avance la instrucción y se complete la identificación y entrega de todas las víctimas.

Del Río, que visitó los juzgados de Montoro —encargados de instruir la causa— junto al presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, no ocultó la magnitud del reto. “Somos conscientes de que hay muchos intereses en juego”, advirtió, al tiempo que subrayó que se trata de una investigación llamada a prolongarse en el tiempo por su enorme complejidad técnica y jurídica.

Hasta ahora, la prioridad absoluta ha sido la gestión de la tragedia: identificación de los fallecidos, autopsias y entrega de los cuerpos a las familias. Según el TSJA, los 45 cadáveres ya han sido recuperados y 43 identificados, aunque todavía quedan algunos por entregar, entre ellos ciudadanos extranjeros. Con esa fase prácticamente cerrada, la instrucción entra en un segundo estadio marcado por las personaciones y la necesidad de preservar de forma estricta la cadena de custodia de todas las pruebas.

El temor expresado desde la cúpula judicial es que la causa derive en un “monstruo inabarcable” de piezas separadas, informes técnicos y líneas de investigación paralelas que desborden la capacidad de un partido judicial pequeño como el de Montoro. De haberse producido el accidente apenas unos kilómetros más adelante, el caso habría recaído en un juzgado de Córdoba capital, con mayores medios estructurales.

Jueces jóvenes ante un caso excepcional

La instrucción recaerá formalmente a partir del 9 de febrero en una jueza titular recién salida de la Escuela Judicial, Cristina Pastor, aunque el TSJA ya ha solicitado refuerzos. La idea es articular una instrucción “mixta”, con la participación de otra magistrada del mismo tribunal y, previsiblemente, un juez de apoyo. Aun así, en el propio ámbito judicial se asume que quien inicie la causa puede no ser quien la concluya, dada la duración esperable del procedimiento y la rotación habitual en estos destinos.

Mientras los escritos comienzan a llegar a los juzgados, el escenario del accidente sigue siendo un hervidero de actividad controlada. La Guardia Civil mantiene el mando sobre cada movimiento en las vías, lo que ralentiza los trabajos de retirada de vagones y reparación de la infraestructura, pero garantiza la preservación de pruebas. Solo dos coches del tren Iryo han sido desplazados; otros permanecen inmovilizados a la espera de que los especialistas de criminalística completen su labor.

El balance humano sigue siendo demoledor: 45 fallecidos, entre ellos un menor, y decenas de varios heridos hospitalizados, varios en estado crítico. El operativo de rescate, que ha movilizado a cientos de profesionales durante días, concluyó con la localización de las dos últimas personas desaparecidas, confirmando la dimensión definitiva de la tragedia.

Un proceso con múltiples frentes

La entrada masiva de denuncias y acusaciones populares anticipa un procedimiento judicial con numerosos actores y debates de fondo sobre responsabilidades penales, administrativas y civiles. A ello se suma la investigación paralela de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), centrada en esclarecer las causas técnicas del siniestro, cuyos informes acabarán siendo determinantes en sede judicial.

El caso Adamuz avanza así hacia los tribunales. Un terreno donde el ritmo ya no lo marcan las sirenas ni las grúas, sino los plazos judiciales, los informes periciales y la capacidad del sistema para ofrecer respuestas claras a las víctimas y a la sociedad. La magnitud del desastre y el número creciente de personaciones hacen inevitable una instrucción larga, pero también refuerzan la exigencia de rigor y transparencia en cada paso. @mundiario