Yolanda Díaz actualiza la prevención de riesgos para proteger a los trabajadores

Treinta años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, España sigue contando cerca de 700 muertes al año por accidentes de trabajo. No es una cifra abstracta ni una herencia inevitable del mercado laboral, sino el síntoma de una norma que ha envejecido en un mundo del trabajo radicalmente distinto. El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para reformarla llega, por tanto, con retraso, pero también con una ambición que merece ser analizada con calma y sin consignas.

Una ley pensada para otro tiempo

La legislación actual nació en una economía menos digital, menos feminizada y menos fragmentada. Hoy el estrés crónico, la ansiedad o el impacto del calor extremo no son excepciones, sino riesgos cotidianos. Actualizar la ley no es un capricho político, sino una respuesta a una realidad que se ha ido colando por las grietas del sistema. Cuando se habla de reforzar la prevención, se habla de evitar el daño antes de que ocurra, igual que se refuerza un dique antes de la tormenta y no después de la inundación.

El énfasis en la salud mental marca un cambio relevante. Durante años se ha normalizado que trabajar implique vivir permanentemente al límite, como si la sobrecarga fuera una medalla y no una señal de alarma. Obligar a las empresas a evaluar los riesgos psicosociales no es fiscalizar emociones, sino reconocer que la organización del trabajo también enferma.

Prevención con mirada amplia

Otro de los ejes de la reforma es la incorporación explícita de la perspectiva de género, la edad y la diversidad generacional. No todos los cuerpos ni todas las trayectorias laborales son iguales, y diseñar los puestos como si lo fueran ha tenido consecuencias invisibles, especialmente para mujeres, personas mayores o trabajadoras embarazadas. Adaptar la prevención a estas realidades no supone un trato de favor, sino una corrección de desigualdades que llevaban décadas camufladas bajo la idea de neutralidad.

También resulta clave la atención al cambio climático. Las olas de calor ya no son episodios excepcionales y seguir trabajando como si nada ocurriera es una forma de irresponsabilidad colectiva. Clarificar protocolos ante condiciones meteorológicas adversas es asumir que el entorno también forma parte del riesgo laboral.

El conflicto que no se nombra

La ausencia de la patronal en el acuerdo introduce un problema político evidente. Sin ese respaldo, la reforma tiene un camino parlamentario incierto y obliga al Gobierno a recurrir a decretos para sacar adelante parte de las medidas. Esta vía permite avanzar, pero también evidencia una fractura en el diálogo social. El riesgo es que la prevención se perciba como una imposición y no como una inversión, cuando los datos demuestran que prevenir cuesta menos que reparar.

Especial atención merece la propuesta de agentes territoriales de prevención para las microempresas, donde se concentran muchos accidentes. Llevar la vigilancia allí donde hoy no llega es una de las apuestas más coherentes de la reforma y, paradójicamente, una de las que más obstáculos políticos encuentra.

Actualizar la prevención laboral no va de ideología, sino de asumir que ningún empleo debería cobrarse la salud como peaje. Si la reforma consigue que esa idea deje de ser un lema y se convierta en práctica cotidiana, habrá dado un paso decisivo. Si se queda a medio camino, el coste volverá a pagarse en silencio, centro de trabajo a centro de trabajo. @mundiario