¿Y si apostamos por un Estado unitario?

Banderas de España y de Cataluña.
Banderas de España y de Cataluña.

"Seamos claros: para que Cataluña gane, otras regiones deben perder. Y quien diga lo contrario miente", según dice este autor.

¿Y si apostamos por un Estado unitario?

Cuando una democracia, como actualmente la española, se encuentra sometida a diversas crisis y tensiones que se intentan resolver en un plató de televisión -cuando no en Venezuela-, termina desembocando en debates estériles que o bien no interesan a nadie o bien están forzados de tal manera que se plantean auténticas falacias y estafas argumentales que la mayoría de los ciudadanos no captan, porque no tienen la información precisa de lo que se discute. No se trata de que la ciudadanía sea estúpida o inculta, sino que existe una racionalidad política mínima, digamos de low cost, que intenta compensar la falta de ganas que tienen la mayoría de los ciudadanos de perder su tiempo y su esfuerzo en aprender procesos políticos que, en muchos casos, les parecen confusos y complejos. 

Por esto mismo se supone que contamos con la honestidad de los políticos que explican a los votantes sus proyectos sin intención de engañarles, y los medios de comunicación que informan a sus lectores de si algún partido o candidato les intenta estafar. Claro que en España no podemos esperar que se den las dos opciones: que el político diga la verdad siempre o que el periodista descubra la mentira del político. Hablemos, por ejemplo, del debate inacabado-por no empezado realmente- de la forma o distribución de poder territorial que debe de darse en nuestro país. Más concretamente la propuesta federalista del PSOE o el inmovilismo autonomista del PP. En primer lugar, ¿es la estructura del estado un tema prioritario para las necesidades de la mayoría de los españoles? Por supuesto que no lo es. Pero existe un problema llamado “Cataluña” que justifica que se introduzca en la agenda de prioridades una reforma constitucional para que podamos ser un estado federal y así los catalanes- los independentistas, se entiende- se queden en España y renuncien a la secesión. ¿Tiene lógica este “razonamiento”? Posiblemente no lo tenga, y por dos motivos. 

El primero de ellos es que España ya es un estado federal. No se llama como tal pero funciona de manera federal. Con sus rasgos propios, pero está catalogado por la ciencia política como uno de los 24 estados federales mundiales que Watts identifica en su listado. Si nuestro ordenamiento territorial del poder precisa un reajuste de competencias es otro marco dialéctico con el que estoy de acuerdo, pero esto se puede hacer dentro de este estado de las autonomías y dentro de esta misma constitución. Vayamos al segundo punto. ¿Es posible, realmente, darle más competencias a Cataluña y que esta decida renunciar a su independencia?

Lo único posible, a estas alturas, sería ofrecerle un estatus fiscal especial, al estilo del cupo vasco y navarro, y caminar de facto y de iure hacia un estado federal asimétrico. ¿Va a aceptar Andalucía, Galicia o Valencia, un trato económico favorable para los intereses catalanes? Porque en este caso sería imposible el óptimo de Pareto, donde todas las unidades mejorarían sin perjudicar la posición de ninguna de ellas. Seamos claros: para que Cataluña gane otras regiones deben perder. Y quien diga lo contrario miente. 

Imaginemos que en este nuevo “pacto político” que reconozca las “singularidades” de Cataluña de manera bilateral que propone Pedro Sánchez ahora, entra- además de la financiación- que la Generalitat posea las competencias exclusivas lingüísticas y el catalán sea la lengua oficial de Cataluña, degradando al idioma español. 

Además, para completar la senda cegada del anterior estatut, que los catalanes tengan como última instancia judicial un tribunal supremo propio, algo a todas luces anticonstitucional y que no se permitiría en ningún estado federal del mundo. ¿De verdad alguien piensa que estos privilegios iban a garantizar la igualdad “de todos los españoles” e iban a desactivar las pulsiones secesionistas de Junts pel Sí y la CUP? 

Más que una reforma federal, lo que necesita España es una reforma integral de la administración. Podríamos llamarla racionalización administrativa, si se prefiere, y que lejos de significar lo que pretende la derecha, nos llevaría al ordenamiento eficiente y eficaz de los funcionarios públicos, su equiparación de estatus y su clarificación de competencias. No podemos aceptar como normal que un médico del País Vasco cobre el doble que un médico en Extremadura (ejemplo puesto al azar); o que un policía municipal de una ciudad media cobre notablemente más que un guardia civil o un policía nacional. 

¿Por qué nadie plantea esta reforma? Porque hablamos de voluntad política que no existe por parte de 17 marcos políticos diferentes que forman una red muy amplia de negocio y de colocación clientelar. Ya dijo hace unas semanas Margarita Robles, que a la política se viene a servir a los demás y a perder dinero incluso. Como nadie quiere perder dinero, yo me conformo con tener unos políticos con la valentía y la grandeza suficiente de legislar, de una vez, para resolver los problemas existentes en nuestro sistema aunque a corto plazo signifique costes inevitables para los que viven del negocio de lo público.

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