El Tribunal de Cuentas llevará la amnistía a la justicia europea
El Tribunal de Cuentas de España, máximo órgano de fiscalización de la gestión económica de las administraciones públicas, ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía a los encausados del procés independentista catalán. Esta acción convierte al Tribunal de Cuentas en la primera instancia jurisdiccional en llevar esta norma ante la justicia europea, buscando determinar si su aplicación es acorde con el Derecho de la UE.
Según fuentes del tribunal, se considera que el desvío de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1-O de 2017 y la promoción internacional del procés afectó los intereses financieros de la UE, lo que haría estos delitos no amnistiables. El Tribunal sostiene que la ley de amnistía es incompatible con los principios de la UE y la jurisprudencia del TJUE, ya que permitiría la extinción de responsabilidades derivadas de actos de corrupción financiados con fondos públicos.
La presentación de la consulta al TJUE detendrá el procedimiento de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas, donde están encausados 35 ex altos cargos de la Generalitat, incluidos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras. El juicio, celebrado en noviembre de 2023, había quedado visto para sentencia en mayo, pero esta no se dictará hasta que el TJUE se pronuncie sobre la legalidad de la amnistía en esta causa. La Fiscalía había fijado en 3.1 millones de euros las cantidades a reclamar a los implicados en el desvío de fondos, y tanto el Ministerio Público como las defensas se opusieron a la presentación de la cuestión prejudicial.
El tiempo estimado para la resolución de este tipo de consultas en el Tribunal de Luxemburgo es de entre nueve meses y un año. Una vez admitida a trámite la cuestión prejudicial, el TJUE consultará a las partes para que presenten alegaciones. El Tribunal de Cuentas ha expuesto previamente su cuestionamiento de la ley de amnistía, especialmente en una providencia dictada el 11 de junio por la consejera Elena Hernáez, que pidió opinión a las partes sobre la posibilidad de consultar a la justicia europea.
Argumentos para el TJUE
La providencia sostiene que el principio de cooperación leal incluye la protección contra la malversación y la lucha contra la corrupción, independientemente del origen o destino de los fondos defraudados. La ley de amnistía, según el Tribunal de Cuentas, resulta incompatible con estos principios de la UE, ya que permitiría la extinción de responsabilidad por actos de corrupción financiados con patrimonio público. Además, la ley permite excluir de sus beneficios actuaciones que hayan perjudicado los intereses financieros de la Unión, regulando una materia que ya tiene un estándar mínimo de protección fijado por el Derecho de la UE.
El cuestionamiento de la ley de amnistía por el Tribunal de Cuentas se basa en argumentos similares a los expuestos por el Tribunal Supremo en su cuestión de inconstitucionalidad planteada ante el Tribunal Constitucional. El órgano fiscalizador estima que la norma vulnera los principios de igualdad y no discriminación, argumentando que la excepción penal que establece para los delitos cometidos en nombre de la independencia de Cataluña no está justificada por un criterio objetivo y razonable.
La acción del Tribunal de Cuentas podría tener implicaciones significativas para la aplicación de la ley de amnistía y el futuro de los encausados del procés. La resolución del TJUE será crucial para determinar la compatibilidad de esta ley con el Derecho de la UE y podría influir en el desarrollo de futuros casos relacionados con la gestión de fondos públicos y la lucha contra la corrupción en España y otros Estados miembros de la UE. @mundiario
