Con un título prestado y muchos favores: cómo triunfar en el PP madrileño

Lo de Ana Millán no es un caso aislado, pero sí paradigmático. Vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, diputada autonómica y una de las figuras más cercanas a Isabel Díaz Ayuso, su nombre se suma a la ya extensa lista de dirigentes que han adornado o directamente falseado su formación académica en beneficio propio. Lo que en otras circunstancias supondría una mancha indeleble en la carrera de cualquier profesional, en la política madrileña actual parece no tener mayor consecuencia, especialmente si se cuenta con el respaldo de la lideresa autonómica.

Millán se presentó a sus conciudadanos de Arroyomolinos como licenciada en Ciencias Políticas. Una afirmación categórica, impresa en la propaganda electoral del Partido Popular durante dos campañas municipales consecutivas. Sin embargo, en su currículum oficial, el que entregó a la Asamblea de Madrid, no hay rastro de dicha licenciatura. En su lugar aparece una diplomatura en Gestión y Administración Pública. ¿Error de imprenta? ¿Malentendido? ¿O una estrategia de marketing electoral basada en la exageración y el desprecio por la verdad?

Desde su partido se afanan en desmarcarla del contenido del folleto. Alegan que ella no fue la autora del texto y que, por tanto, no hay delito alguno. Un argumento endeble, si no insultante, que demuestra la baja tolerancia que ciertos sectores políticos tienen hacia la rendición de cuentas. Lo que en cualquier empresa privada sería objeto de una investigación interna e incluso un despido fulminante, aquí se despacha con una palmadita en la espalda y un cargo más elevado.

Pero el currículum no es el único frente que tiene abierto Millán. Desde 2022 está imputada por delitos tan graves como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. La investigación gira en torno a presuntos pagos realizados por un empresario beneficiado con contratos públicos durante su etapa como edil en Arroyomolinos. Unos ingresos que, según la Guardia Civil, podrían haber servido para abonar la hipoteca de un ático propiedad de la hoy vicepresidenta de la Asamblea madrileña.

Paradójicamente, y pese al avance del procedimiento judicial, su ascenso dentro del Partido Popular no se ha visto afectado. Todo lo contrario: su cercanía a Ayuso la ha blindado políticamente. Amiga personal de la presidenta, su caso ilustra a la perfección cómo la fidelidad interna en determinados partidos puede pesar más que la ejemplaridad pública. El aforamiento del que goza como diputada le proporciona además una capa extra de protección, posponiendo cualquier posible consecuencia real.

Mientras tanto, desde la oposición se alzan voces que denuncian no solo la permanencia de Millán en cargos públicos, sino la tolerancia institucional con este tipo de comportamientos. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea, ha sido especialmente crítica, acusando a Ayuso de premiar a quienes engañan. Su denuncia va más allá del caso Millán: apunta a una lógica perversa en la que la fidelidad personal se recompensa por encima de la integridad.

El caso de Millán se inscribe en un fenómeno más amplio: la normalización del engaño en los currículums de nuestros representantes públicos. Noelia Núñez, Ignacio Higuero, José María Ángel... La lista de responsables públicos que han tenido que dimitir tras detectarse inconsistencias en su formación no deja de crecer. Sin embargo, la vara de medir no es igual para todos. En el caso de Millán, no solo no ha habido dimisión, sino que su influencia sigue en aumento.

¿Hasta qué punto puede una democracia tolerar este tipo de actitudes sin erosionar la confianza ciudadana? ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando se normaliza la falta de rigor, la exageración de méritos y la posible corrupción en las altas esferas del poder? La respuesta, por desgracia, parece evidente: en la Comunidad de Madrid, mientras se mantenga la lealtad al líder, todo está permitido.

Lo preocupante no es solo la conducta individual de Millán, sino el sistema político que la sostiene, la protege y la promociona. Un sistema donde el mérito real importa poco, donde el aforamiento es un escudo y donde los errores —incluso los delitos— parecen no tener consecuencias si uno sabe a quién rendir pleitesía. Así, más que una anécdota, el caso Millán es un síntoma. Un síntoma de una política enferma de cinismo, opaca y, sobre todo, desconectada de los estándares éticos que exige la ciudadanía. @mundiario