Requisitos y claves de la regularización exprés: un proceso acelerado para más de 500.000 personas
La regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno planea aprobar mediante real decreto supone uno de los movimientos más ambiciosos en política migratoria de los últimos años. El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos prevé un proceso acelerado —definido internamente como “regularización exprés”— que podría beneficiar a más de medio millón de personas que residen en España sin autorización administrativa.
La medida no requiere tramitación parlamentaria inmediata y se articulará a través de una modificación de la Ley de Extranjería. El Ejecutivo busca ofrecer una respuesta rápida a una realidad estructural: la existencia de un amplio colectivo de personas que viven y trabajan en España sin papeles, pero integradas de facto en el tejido social y económico.
El mecanismo permitirá a los inmigrantes en situación irregular solicitar una autorización de residencia y trabajo si cumplen una serie de requisitos objetivos. El rasgo diferencial del proceso es su rapidez: bastará con que la solicitud sea admitida a trámite para que la persona pueda empezar a trabajar legalmente, sin esperar a la resolución definitiva.
Según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, desde la presentación de la solicitud habrá un plazo máximo de 15 días para su admisión a trámite. A partir de ese momento, se concederá una autorización provisional que habilita para trabajar en cualquier sector y en cualquier punto del territorio nacional. La administración se compromete a resolver cada expediente en un plazo máximo de tres meses.
La regularización extraordinaria se dirige a dos grandes colectivos. Por un lado, las personas que acrediten haber residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. Por otro, quienes hayan solicitado protección internacional antes de esa misma fecha, aunque su petición esté pendiente de resolución o haya sido denegada.
En ambos casos, será imprescindible demostrar la ausencia de antecedentes penales relevantes y no suponer una amenaza para el orden público. Determinados antecedentes de carácter administrativo, como una detención vinculada exclusivamente a la situación irregular, no impedirán el acceso al proceso.
Las estimaciones oficiales apuntan a que podrían beneficiarse más de 500.000 personas, una cifra coherente con los datos de Funcas, que sitúan en unas 840.000 las personas sin papeles residentes en España a comienzos de 2025.
¿En qué consiste la regularización exprés?
Uno de los elementos centrales del diseño del proceso es la flexibilidad probatoria. Para demostrar la permanencia mínima de cinco meses en el país, se admitirán documentos públicos, privados o una combinación de ambos.
Entre los justificantes válidos figuran el empadronamiento, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte o cualquier otro documento que permita acreditar la presencia continuada en territorio español.
Si la resolución es favorable, el solicitante obtendrá una autorización de residencia con permiso de trabajo válida para todo el país y para cualquier sector económico. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año, al término del cual podrá solicitarse la transición a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
La regularización no implica la obtención de la nacionalidad española ni el derecho al voto en elecciones autonómicas o generales. Tampoco supone el acceso automático a prestaciones no contributivas. Sí permitirá, en cambio, trabajar legalmente, cotizar a la Seguridad Social y acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
El diseño del proceso contempla además la protección de la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentren en España. En estos casos, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.
El Gobierno prevé que las solicitudes puedan empezar a presentarse a principios de abril, una vez culminados los trámites urgentes del real decreto. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio, con la posibilidad de extenderse hasta 2026 según la redacción final de la norma.
Aunque aún no se han concretado todos los detalles operativos, el Ejecutivo baraja que las solicitudes puedan presentarse a través de oficinas de la Seguridad Social, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y por vía telemática. Desde el Ministerio reconocen que todavía es necesario “preparar el engranaje” administrativo para que el procedimiento sea ágil y no se colapse desde el inicio.
Impacto económico y debate institucional
El Ejecutivo defiende que la regularización tendrá un impacto positivo en la economía y en las cuentas públicas. Según recordó Saiz, el 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, y la incorporación de nuevos trabajadores regularizados incrementará la recaudación fiscal y las cotizaciones al sistema de pensiones.
No obstante, la medida también ha suscitado advertencias desde algunos ámbitos. El sindicato policial Jupol ha alertado del “impacto operativo y funcional” que puede generar en las unidades de Extranjería, que ya operan con altos niveles de saturación.
El proceso recuerda inevitablemente a la regularización de 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se aprobaron más de 565.000 solicitudes. Aquella experiencia sirve ahora como referencia histórica, tanto para calibrar el alcance de la medida como para anticipar los retos administrativos que implica. @mundiario