¿Cómo puede influir la condena al fiscal general en las causas contra el novio de Ayuso?

La reciente condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado ha desencadenado un debate político inmediato y una pregunta clave en el ámbito judicial: ¿puede este fallo influir en las dos causas penales abiertas contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso? Aunque la sentencia, avanzada esta semana a la espera de su motivación completa, supone una victoria simbólica para González Amador, los tribunales que investigan sus asuntos han dejado claro que la situación procesal no cambia por ahora.

La defensa de González Amador lleva meses sosteniendo que la filtración del correo en el que su propio abogado admitía dos delitos fiscales dañó irremediablemente sus derechos fundamentales. Ese argumento vuelve al primer plano tras la condena al fiscal general por revelación de secretos, un fallo que González Amador interpretó durante el juicio como la confirmación de que su vida fue “destrozada” por la filtración, hasta el punto de declarar ante los magistrados que la presión le hacía contemplar marcharse de España o incluso suicidarse.

¿Se pueden vincular los hechos?

Sin embargo, la cuestión jurídica es más compleja. Los juzgados de Madrid que investigan al novio de Ayuso por presunto fraude fiscal y por un supuesto soborno empresarial han rechazado en diversas resoluciones vincular los hechos ahora juzgados en el Supremo con los procedimientos que lo señalan a él. La jueza de instrucción fue categórica al descartar la nulidad solicitada por la defensa, argumentando que los hechos relacionados con la filtración pertenecen a otra causa y no afectan al núcleo delictivo que se analiza en Madrid. La Audiencia Provincial respaldó esa posición y negó que la revelación de secretos invalide las actuaciones previas.

Expertos consultados por El País sostienen que la condena al fiscal general tiene un fuerte impacto institucional y político, pero un alcance judicial limitado. La lógica que defienden es sencilla: la existencia de una filtración irregular no elimina ni altera las pruebas tributarias que dieron origen a los casos contra González Amador. Algunos juristas lo explican con una analogía: si alguien fuera investigado por homicidio, la revelación ilegal de su expediente no anularía la investigación por ese delito. La premisa es la misma para un fraude fiscal.

Aun así, la defensa de González Amador tiene previsto apoyarse en el fallo del Supremo para intentar reforzar sus alegaciones por vulneración de derechos. Ese movimiento estaba anticipado desde antes de que se conociera la condena, y se espera que vuelva a plantearse cuando el juez de lo penal fije fecha para el juicio por fraude y falsedad documental. También podría intentarse en la causa aún abierta por supuestos pagos irregulares. Sin embargo, la estrategia choca de frente con la postura ya expresada por los jueces madrileños.

En el terreno político, la condena al fiscal general ha sido presentada por Ayuso como la validación de su relato de los últimos meses. La presidenta ha insistido en que existió una actuación irregular contra su entorno, aunque el juicio no acreditó la supuesta trama política que ella ha denunciado repetidamente. En su comparecencia pública de este viernes, la líder popular celebró la condena al fiscal general como una “victoria política”, pese a que el juicio no acreditó la trama que denuncia.

Mientras tanto, el foco se desplaza a la sentencia completa del Supremo, que aún no se ha publicado. Los detalles de la argumentación pueden influir en la estrategia de la defensa, aunque difícilmente cambiarán la posición de los tribunales madrileños. Por ahora, lo que sí es seguro es que el fallo contra el fiscal general añade una nueva dimensión política al caso, pero no altera la posición judicial de Alberto González Amador, que sigue enfrentando dos procedimientos penales en curso. @mundiario