'Prestige': Una sentencia incomprensible para los ciudadanos pero ajustada a Derecho

Imagen de una protesta de Nunca Máis. / Xurxo Lobato
Imagen de una protesta de Nunca Máis. / Xurxo Lobato

La mayor de las  dificultades patentes a la hora de exigir responsabilidad penal ambiental, como vemos con esta sentencia, es la complejidad probatoria que presentan los delitos ecológicos.

'Prestige': Una sentencia incomprensible para los ciudadanos pero ajustada a Derecho

La preocupación por el medio ambiente y por el equilibrio de las condiciones ecológicas es un fenómeno típico de nuestro tiempo, ya que -citando al maestro penalista Muño Conde-, “las playas se ven invadidas por mareas negras, el mar se convierte en un gigantesco basurero atómico…en definitiva, el desequilibrio ecológico es una de las peores consecuencias de la civilización industrial”.

Así, y con el fin de remediar dichos desequilibrios, se van a tipificar en el Código Penal ciertas conductas delictivas de las se derivará responsabilidad por parte de quién las realice. Es decir, la responsabilidad penal se presenta cuando el hecho causante del daño consiste en una conducta que el Estado ha tipificado como delito (ejemplo: Delito ecológico) y se traduce en una responsabilidad frente al Estado, quien, en consecuencia, impone una pena al responsable para reparar el daño social causado por su conducta ilícita.

Los delitos contra el medio ambiente, de un modo general se encuentran recogidos en el artículo 325, si bien también se tipifica un gran elenco que podemos denominar como delitos ambientales especiales, como sucedía en el caso del Prestige.

El medio ambiente es un bien jurídico colectivo autónomo, elevándose a objeto de tutela penal factores como el agua, al aire o el suelo, esto es, recursos naturales en sí mismos considerados, sin perjuicio de que con su protección se está también protegiendo al individuo. Frente a la escueta regulación del Código Penal anterior y a pesar de la mejora que supone el reconocimiento del medio ambiente como bien jurídico autónomo en el actual Código Penal, como se ve “no es oro todo lo que reluce” y es necesario superar aún una serie de escollos. Por ejemplo, el artículo 325 CP para la configuración típica de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, hace depender la calificación “delictiva” de la acción de que la misma constituya preliminarmente una infracción administrativa. El artículo 325 CP con su remisión “a las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente” se convierte en una norma penal en blanco. Es decir, si no hay infracción administrativa no podrá determinarse la existencia de delito penal. Esto es la llamada cuestión de la vía prejudicial administrativa.El derecho penal está plagado de estas de estas normas en blanco, vacías de contenido, es lo denominado por la Escuela de Frankfurt el Derecho Penal Simbólico que nace sin la mera intención de aplicarse.

Pero la mayor de las  dificultades patentes a la hora de exigir responsabilidad penal ambiental, como acabamos de comprobar con esta sentencia, es la complejidad probatoria que presentan los delitos ecológicos. Dificultades tales como cuantificar el daño ambiental, precisar el agente determinante  y el grado de contaminación, señalar en qué grado contribuye cada una al daño ecológico y de qué forma participan cuando son varias las fuentes contaminantes, especificar el tipo de contaminante, fijar el daño inmediato y el efecto a largo plazo, señalar los efectos secundarios de los contaminantes, delimitar la indemnización económica a señalar como compensación al daño o determinar a las víctimas. También es problemático determinar la relación de causalidad a la hora de dilucidar la responsabilidad penal por el daño ambiental efectivamente producido como pasó en las costas de Galicia.

Sobre este tema es posible hablar largo y tendido, requiriendo ser el mismo objeto individualizado de análisis, cosa que no es posible en este caso, por lo que solo lo dejaremos apuntado, no sin antes decir que, dichas deficiencias probatorias en esta clase de delitos han ocasionado la imposibilidad de sentencias condenatorias y buen ejemplo de ello lo tenemos en la sentencia que trató el Caso Doñana, donde salieron absueltos los arroceros inculpados por la gran mortandad de aves y peces en la zona, o el auto de archivo de responsabilidades penales del Caso Boliden Apirsa, derivadas de la rotura de la balsa de residuos tóxicos y peligrosos en la mina situada en Aznalcollar, Sevilla.

Por último,  debe tenerse en cuenta por los lectores  que de la comisión de los delitos puede derivar responsabilidad civil por el daño ambiental causado. Ésta se traduce en la obligación de reparar el daño por parte de su causante frente a la persona concretamente perjudicada y ya no frente a la sociedad representada por el Estado. De manera que un mismo hecho puede dar lugar tanto a responsabilidad penal como civil. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad penal es eminentemente subjetiva y personal y solo es aplicable a la personas  que hubieran  cometido el hecho ilícito. De este modo, las personas jurídicas no incurren en esta clase de responsabilidad, y por tanto, tampoco incurren en ella las entidades públicas, es decir el Estado español.

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