El PP eleva a la Comisión Europea los fallos del sistema de pulseras antimaltrato en España
La eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estarás, ha elevado a la Comisión Europea una pregunta parlamentaria sobre los “graves fallos” del sistema de pulseras antimaltrato en España, que según el partido han persistido durante al menos ocho meses tras el cambio de empresa adjudicataria del servicio.
Según el PP, diversos juzgados recibieron notificaciones indicando que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, dejando a numerosas víctimas de violencia de género en situación de riesgo. La formación asegura que la propia Fiscalía reconoció que esta falla provocó sobreseimientos provisionales y absoluciones de agresores.
“Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público. El Gobierno socialista debe dar explicaciones y la Comisión Europea debe valorar si procede abrir un procedimiento de infracción por vulneración del derecho comunitario”, señaló Estarás.
Fallos prolongados y riesgo para las víctimas
La eurodiputada advierte de que durante ocho meses el sistema no funcionó correctamente, comprometiendo la protección de víctimas de violencia de género y delitos sexuales. Así, Estarás sostiene que España podría haber vulnerado hasta cuatro normas comunitarias: directivas que garantizan medidas de protección efectivas a víctimas de delitos; la normativa sobre la Orden Europea de Protección (OEP); la legislación de contratación pública, al no asegurar la continuidad de un servicio esencial; y la directiva sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica, actualmente en fase de trasposición.
El PP subraya que si las pulseras estaban vinculadas a órdenes de alejamiento u otras medidas cautelares, la incapacidad del sistema para garantizar el seguimiento real de los agresores pudo haber dejado sin efecto la protección transfronteriza prevista en la OEP.
Implicaciones para la Unión Europea
Desde el PP, se advierte que estos fallos erosionan la confianza entre socios europeos, un principio considerado esencial en el espacio de libertad, seguridad y justicia recogido en el artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La formación política solicita que la Comisión Europea evalúe si procede abrir un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de sus obligaciones comunitarias.
El caso del sistema de pulseras antimaltrato evidencia la fragilidad de ciertos servicios públicos esenciales ante problemas de gestión y cambios de proveedores. Más allá del impacto directo sobre la seguridad de las víctimas, el asunto podría tener repercusiones legales y diplomáticas, al cuestionar la capacidad de España de cumplir con estándares europeos de protección y cooperación transfronteriza. La intervención de la Comisión Europea marcará un precedente sobre la responsabilidad de los Estados miembros en la correcta implementación de medidas de protección a nivel comunitario. @mundiario
