El poder judicial, desempoderado

Manuel Marchena. / Mundiario
Manuel Marchena presidirá un Poder Judicial con mayoría progresista. / Mundiario

La clara politización de la Justicia como poder del Estado está llevando a la consecuencia lógica: la pérdida de legitimidad. Lo estamos viendo en las sentencias sobre la ley hipotecaria, el conflicto catalán o el endurecimiento del Código Penal a golpe de debates políticos.

El poder judicial, desempoderado

En los principales edificios judiciales es habitual la representación clásica de la diosa Justicia, con los atributos de la venda en los ojos, símbolo de imparcialidad, la balanza en una mano para pesar argumentos de una y otra parte o hechos y normas, en la otra mano la espada de doble filo que simboliza la autoridad coercitiva que puede ejercerse. Es una representación que gusta a los jueces, probablemente por coincidir con la imagen que desean tener de sí mismos aunque tal vez la imagen de los ciudadanos sea menos benevolente.

En las sociedades avanzadas el ejercicio de la Justicia está reconocido como un poder del Estado, independiente tanto del Ejecutivo como del legislativo y asimismo de la prensa, tácitamente valorada como cuarto poder. En la teoría el equilibrio entre esos poderes nos lleva a una sociedad virtuosa. La realidad es más prosaica. De entrada porque la función jurisdiccional intenta resolver los conflictos de los particulares entre sí, ya sean personas físicas  o jurídicas, o de unos u otros con los poderes público, mediante la aplicación de la Ley, no de la Justicia como valor  ético. La Ley es una construcción humana, artificial pero maravillosamente funcional ya que organiza la convivencia y disciplina la violencia, defendiendo a los débiles  de la arbitrariedad de los  fuertes.

A despecho de la teoría, en las sociedades contemporáneas, el Ejecutivo se ha hiperdesarrollado en perjuicio del  Legislativo, reducido a cámara de debate y control en tanto que su tradicional función legislativa se limita a mejorar puntualmente las propuestas del Gobierno.

También el Poder judicial como organización está fuertemente mediatizado por el Ejecutivo, que administra los recursos, provee el personal e influye decisivamente en la organización jerarquizada. Ya sea en Estados Unidos, en Polonia o en España. No para impedir la autonomía de cada juez al dictar sentencia sino para asegurarse de que los intereses del Ejecutivo estén salvaguardados en los niveles dónde pueden peligrar. De ahí los aforamientos, la politización del Consejo General del Poder Judicial y por derivación de los nombramientos que éste efectúa: presidentes y magistrados de cada Sala del  Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de cada Comunidad, de la Audiencia Nacional o de las Audiencias Provinciales. Por el mismo procedimiento se nombra el Tribunal Constitucional.

Esa clara politización de la Justicia como poder del Estado está llevando a la consecuencia lógica: la pérdida de legitimidad. Lo estamos viendo en las sentencias sobre la ley hipotecaria, el conflicto catalán o el endurecimiento del Código Penal a golpe de debates políticos, desde el terrorismo a la violencia de género, pasando por prisión permanente revisable o los límites a la libertad de expresión. Populismo penalista que riza el rizo ahora con los delitos de rebelión, de incitación al odio o de insultos a los símbolos del Estado.

Aún cabe añadir  la facilidad para que fiscales y magistrados transiten de su oficio a la política tanto como quieran. El Gobierno actual tiene tres ministros con esa condición, una práctica también habitual en los anteriores ejecutivos. Otros ocupan puestos en las cámaras legislativas, ejecutivos autonómicos, alcaldias, etc.

Es tal el interés de la política por mantener el control del Poder Judicial que es el único asunto en el que pactan los partidos para asegurarse el reparto

Es tal el interés de la política por mantener el control del Poder Judicial que es el único asunto en el que pactan los partidos para asegurarse el reparto. Los informes internacionales siguen señalando la inseguridad normativa en España, las valoraciones registradas por el CIS son muy bajas, el procedimiento judicial sigue siendo lento y muy oneroso para ciudadanos y empresas, el GRECO reclama en vano la independencia judicial, pero el mundo político es insensible a esos problemas. Lo que de verdad importa es el control. Incluso perdiendo las formas como se ha visto hoy, adelantando el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del citado Consejo, que teóricamente es elegido por sus miembros.

Por cierto, un pacto político de ganadores. Para el PP desde luego, por la inhibición de Ciudadanos que le regala la mitad menos uno de los puestos,  incluyendo la Presidencia. La posición de Ciudadanos es probable que obedezca a una estrategia de más largo alcance. Gana el PSOE que desdramatiza el próximo juicio a los dirigentes catalanes y controla la nueva mayoría judicial y gana Podemos que entra en el reparto por primera vez. Los nacionalistas  no pierden nada.

Si el lector escucha en fechas próximas enfáticos discursos sobre reformas judiciales puede considerarlos como ejercicios retóricos sin ulteriores consecuencias. El mundo político, casi al completo, está encantado con un Poder Judicial desempoderado. @mundiario

El poder judicial, desempoderado
Comentarios