Podemos se abre a negociar la cesión de inmigración a Cataluña tras la regularización masiva
La regularización masiva de personas migrantes aprobada por el Gobierno no solo tiene efectos administrativos y sociales, también ha reordenado equilibrios políticos que parecían bloqueados desde hace meses. El más relevante es el cambio de posición de Podemos respecto a la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, una demanda clave de Junts y uno de los compromisos pendientes del pacto de investidura de Pedro Sánchez.
Hasta ahora, los cuatro diputados morados habían sido determinantes para tumbar en el Congreso la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts, al considerar que su contenido incorporaba elementos “racistas” y podía reforzar prácticas de control y exclusión en manos de la Generalitat. Ese veto dejó la iniciativa en un cajón y tensó la relación entre el Gobierno y el independentismo catalán. El escenario ha cambiado tras el acuerdo entre los socialistas y los morados para impulsar la regularización extraordinaria.
Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, ha explicitado que la regularización era una condición previa para abrir cualquier negociación sobre competencias migratorias. “Es evidente que hay algo a cambio, estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción con ello. Nosotras vamos a respetarlo porque es parte del acuerdo que nos ha permitido tener una regularización encima de la mesa”, dijo la exministra de Igualdad en declaraciones a SER Catalunya.
“Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado, para que no tenga ningún contenido racista”, señaló Montero, para indicar que el voto de Podemos no es inamovible. “Antes de hablar de competencias, teníamos que garantizar derechos. Antes de hablar de competencias y de cómo modificar ese texto que habían pactado PSOE y Junts para que quede libre de racismo, teníamos que regularizar a personas migrantes”, explicó la dirigente morada.
Junts recupera una de sus banderas
Con ese paso dado por el Ejecutivo, Podemos sostiene que se dan las condiciones para sentarse a renegociar la delegación de competencias, siempre que el texto se modifique para eliminar cualquier formulación que, a su juicio, pueda legitimar discriminación o “violencia institucional” contra las personas migrantes. El veto, por tanto, no desaparece sin más, pero deja de ser absoluto.
Este giro no es menor. La ley de delegación de inmigración a Cataluña fue rechazada en septiembre por una mayoría heterogénea —PP, Vox, Podemos, UPN, la escisión de Més Compromís y el diputado de la Chunta Aragonesista—, pero en la práctica el bloqueo decisivo fue el de la formación morada. Al abrir ahora la puerta a una negociación, Podemos se convierte en parte de la solución de un conflicto que había paralizado la agenda del Gobierno en sus intentos por reconciliarse con el partido de Carles Puigdemont.
Para Junts, la cesión de competencias en inmigración tiene un valor político que va más allá de la gestión. Es una pieza central de su reivindicación de soberanía y una prueba tangible del cumplimiento de los acuerdos con el PSOE. La ruptura de relaciones con el Gobierno se apoyó, entre otros motivos, en la falta de avances en este traspaso, cuando los posconvergentes se ven presionados por el auge de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana.
La reconciliación con Puigdemont
La reacción del partido de Puigdemont ha sido inmediata y positiva. Desde el Parlament, sus portavoces han dado la bienvenida al cambio de actitud de Podemos y han subrayado que la presión política ha empezado a dar resultados. En paralelo, Junts ha celebrado otros gestos del Ejecutivo, como la mayor presencia institucional de Cataluña en organismos internacionales, reforzando la idea de que la legislatura vuelve a moverse tras semanas de bloqueo.
Para Pedro Sánchez, la regularización masiva consolida un acuerdo con Podemos que permite avanzar en el giro progresista con el que quería comenzar 2026 y, al mismo tiempo, desactivar una oposición dentro de su propio bloque de investidura que había complicado votaciones clave. Principalmente, la maniobra abre la posibilidad de recomponer la relación con Junts en un momento crítico para la legislatura.
El Gobierno, sin embargo, debe manejar tiempos y formas. Podemos insiste en que la negociación sobre inmigración no está vinculada a los Presupuestos Generales del Estado ni a otras carpetas sensibles, como el gasto militar. Al mismo tiempo, Junts recuerda que el cumplimiento del pacto de investidura sigue incompleto. Sánchez gana margen, pero no ilimitado.
La apertura de Podemos no implica un cheque en blanco. El partido mantiene líneas rojas claras: la delegación de competencias solo será viable si el nuevo texto garantiza derechos, evita enfoques punitivos y no introduce criterios de exclusión por origen o situación administrativa. Esa exigencia anticipa una negociación compleja, donde el equilibrio entre las exigencias de los morados y los posconvergentes será clave para el PSOE. @mundiario