¿Deben estar ministros, alcaldes y consejeros autonómicos en ofrendas, misas y procesiones?

No hay quien pueda negar el gran trabajo desarrollado por muchas entidades y figuras católicas a favor de la paz, de la integración social y de un mundo mejor. Como ejemplo,  los casos de Caritas, Manos Unidas o Proxecto Home, la lucha contra las minas antipersonas del obispo jesuita Kike Figaredo en Camboya o la labor silenciosa del salesiano gallego José Antonio San Martín en la recuperación para la sociedad de docenas de jóvenes  antes encuadrados en las guerrillas colombianas.

Pero  esta  realidad  positiva no puede esconder la grave responsabilidad de la Iglesia católica en su apoyo al fascismo italiano y al franquismo español, en la represión de la libertad sexual y subordinación de las mujeres y en su actitud ambivalente, cuando no cómplice, en los casos de abusos sexuales a menores por parte de eclesiásticos. Responsabilidades todas que la Iglesia ha de reconocer y que parece que, bajo la dirección del Papa Bergoglio, quiere asumir, aunque no con la diligencia y celeridad exigibles.

La libertad religiosa exige la aconfesionalidad. Es decir, que los Poderes y Administraciones Públicas no tengan religión oficial, por lo que no es constitucional que alcaldes, conselleiros o ministros asistan en el ejercicio de su cargo – y sí como ciudadanos– a procesiones, votos, ofrendas o misas, por mucha tradición que tengan. Esa presencia era históricamente comprensible cuando Europa era la “universitas christiana”, antes de la laicidad traída por las revoluciones liberales y democráticas, pero no ahora. Católicos, judíos, agnósticos y ateos tienen el mismo derecho a percibir como neutrales a los Poderes Públicos.

Pero esta aconfesionalidad ha de entenderse en clave de laicidad positiva y no de laicismo. Es decir, que los Poder Públicos colaboren con las confesiones religiosas dentro de la ley y las manifestaciones religiosas puedan ocupar los espacios públicos, sin tener que  ceñirse al ámbito privado. Por eso son totalmente compatibles las procesiones de Semana Santa con una aconfesionalidad democrática.

Sin embargo, lo que vulnera  todas las reglas democráticas del Estado de Derecho es que cuatro ministros asistan a una procesión donde se defienden valores autoritarios y militaristas incompatibles con las libertades y con el mensaje actualizado de la Iglesia que hoy dirige Bergoglio.

Al César lo que es del César. @mundiario