La jueza de la dana estrecha el cerco: el tique de aparcamiento que podría triangular a Mazón
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora del caso que indaga las responsabilidades penales por la dana de 2024, ha dado un paso más en la reconstrucción de las horas críticas del 29 de octubre, cuando 229 personas perdieron la vida en la Comunidad Valenciana. La magistrada ha requerido a Interparking Hispania S.A., empresa que gestiona el aparcamiento Glorieta 24 horas de la plaza Tetuán, el tique de entrada y salida del coche de Maribel Vilaplana, periodista y exconsejera del Levante UD.
El objetivo de esta diligencia es determinar a qué hora exacta abandonó Vilaplana el aparcamiento, dato que podría ayudar a fijar el momento en que se despidió del presidente valenciano en funciones, Carlos Mazón, quien la había acompañado hasta el lugar tras una comida en el restaurante El Ventorro. Según la magistrada, ese detalle puede ser determinante para aclarar qué hizo Mazón durante los 37 minutos en los que estuvo desconectado y sin paradero conocido, un lapso que continúa siendo uno de los principales enigmas del día de la tragedia.
Según los testimonios recabados, Mazón y Vilaplana almorzaron entre las 15.00 y las 18.45 horas en El Ventorro, ubicado en el centro de Valencia, mientras el barranco del Poyo se desbordaba y provocaba el desastre que devastó L’Horta Sud. La periodista declaró que la conversación giró en torno al fútbol y asuntos personales más allá del ofrecimiento de dirigir la televisión autonómica, y que no se habló de la dana.
Ambos abandonaron el restaurante juntos y caminaron los cinco minutos que separan El Ventorro del aparcamiento. Fue allí donde, según la testigo, se despidieron. A partir de ese momento, el registro telefónico muestra un periodo de silencio entre las 18.57 y las 19.34 horas, en el que Mazón no respondió a llamadas ni mensajes. No reapareció hasta casi las 20.00 horas, cuando llegó al Palau de la Generalitat, desde donde se activó la alerta masiva a móviles a las 20.11, demasiado tarde para la mayoría de las víctimas. “entrada y salida” del coche de la periodista
Contradicciones y cambios en el relato
La declaración de Vilaplana ha supuesto un nuevo giro en una cronología que se ha ido modificando con el paso de los meses. En un primer momento, la periodista sostuvo que se despidió de Mazón a las 17.45 horas. Posteriormente rectificó en una carta abierta, afirmando que fue una hora más tarde, y finalmente, tras ser citada como testigo por la jueza, se filtró que el presidente la acompañó al aparcamiento.
La jueza Ruiz Tobarra ha mostrado especial interés en determinar si la periodista fue testigo de alguna llamada de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, hoy imputada en la causa. Según los registros, Mazón recibió y realizó varias llamadas con Pradas entre las 16.29 y las 18.30 horas, pero no atendió otra a las 19.10, justo durante su periodo de desconexión.
El requerimiento del tique de aparcamiento se produce tras la solicitud del abogado Joaquín Esteve, representante de tres víctimas de la catástrofe, quien ya impulsó la declaración de Vilaplana ante la Audiencia Provincial. Esteve sostiene que el análisis de los tiempos y desplazamientos puede aclarar la secuencia de decisiones institucionales durante las horas más críticas de la riada.
La jueza también ha citado como testigos a seis altos cargos del entorno más próximo de Mazón, incluido el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, considerado uno de los posibles sucesores políticos del presidente. Además, ha ordenado la comparecencia del propietario de El Ventorro para contrastar los horarios y detalles de la comida.
Un presidente bajo presión política y judicial
Aunque Mazón ya presentó su dimisión a raíz de la polémica del funeral de Estado, su nombre sigue en el centro de la investigación. La magistrada ha ofrecido en tres ocasiones al dirigente la posibilidad de comparecer de forma voluntaria como imputado, pero él se ha negado. Su condición de aforado implica que solo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) puede abrir una causa formal contra él si la jueza considera que hay indicios suficientes.
Por ahora, los únicos imputados son Salomé Pradas y el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos destituidos por Mazón semanas después del desastre. Sin embargo, las nuevas diligencias parecen indicar que el foco judicial se aproxima cada vez más al expresidente y a las decisiones adoptadas en el corazón del Ejecutivo valenciano durante la tragedia.
A un año de la dana que conmocionó a la Comunidad Valenciana, la investigación judicial continúa desentrañando las responsabilidades institucionales y personales de aquel día. El tique de un aparcamiento podría convertirse ahora en una pieza clave para reconstruir los minutos más opacos de la gestión política de la catástrofe.
La jueza Ruiz Tobarra insiste en seguir cada rastro, por pequeño que parezca, para dar respuesta a las familias de las víctimas que reclaman saber qué ocurrió mientras el agua arrasaba vidas enteras. El caso avanza, y con él, crece la presión sobre Carlos Mazón, cuyo silencio durante aquellos 37 minutos sigue siendo una incógnita con peso judicial y político. @mundiario