Indicios, estrategia judicial y “persecución política”: el caso Cerdán sacude el tablero español
El ingreso en prisión incondicional del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, marca un nuevo hito en el avance del llamado caso Koldo, una trama presuntamente estructurada en torno al amaño de contratos de obra pública. La resolución judicial, que se sustenta en un amplio conjunto de indicios, contrasta con la defensa política planteada por el propio Cerdán durante su declaración como imputado, en la que ha insistido en que es víctima de una “persecución política” debido a su papel en la formación de gobiernos progresistas en España.
El juez Puente considera que existen “consistentes indicios” de que Cerdán desempeñó un papel central en la supuesta red corrupta. Entre las pruebas documentales y testimoniales aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, destaca una escritura privada que vincula a Cerdán con el 45 % de una empresa señalada por su implicación en contratos adjudicados durante los años investigados. Aunque Cerdán asegura que aquella compra nunca se formalizó, el juez da credibilidad al informe de los investigadores sobre su participación societaria por “una escritura privada de compraventa de participaciones sociales, firmada por el administrador único de la compañía y “Santos Cerdán León”, describe el magistrado Puente en su auto judicial.
La Fiscalía Anticorrupción, que solicitó su encarcelamiento inmediato tras la comparecencia, sostiene que el exdirigente socialista era el “recaudador” de la trama y quien distribuía las mordidas entre los distintos actores implicados, entre ellos el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. En varios audios recogidos por la UCO —y cuya autenticidad ha sido respaldada por el juez— se escucha a Cerdán participar en conversaciones sobre el reparto de fondos, que, según las estimaciones del cuerpo policial, alcanzarían los 620.000 euros ya cobrados, con otros 450.000 aún pendientes.
En su declaración, sin embargo, Cerdán se ha limitado a responder exclusivamente a su abogado, centrando su discurso en una defensa política de su trayectoria. Ha rechazado todos los cargos, afirmando no haberse llevado “ni un euro” y calificando su situación de “persecución política” por haber sido uno de los negociadores clave en la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy y en la posterior investidura de Pedro Sánchez, incluyendo su papel en los pactos con EH Bildu, el PNV y Junts per Catalunya.
Cerdán enmarca su causa en una “persecución política”
De hecho, el exnúmero tres del PSOE ha vinculado explícitamente su imputación con su rol como negociador de la ley de amnistía con Junts, asegurando que fue él quien mantuvo las conversaciones en Bruselas para lograr el apoyo del partido de Carles Puigdemont a la investidura de Sánchez. En su relato, incluso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sería el “siguiente” objetivo judicial por haber asumido las negociaciones con ERC.
Más allá de esta lectura política, el juez se ha apoyado en indicios materiales y testimonios directos. La vinculación de Cerdán con contratos adjudicados a través de empresas como Acciona, LIC y OPR —todas con contratos bajo sospecha—, así como su participación en nombramientos clave en el Ministerio de Transportes, refuerzan, según el auto judicial, la tesis de que ocupaba un rol ejecutivo dentro de una organización estructurada.
Uno de los elementos más comprometidos es el piso que compartió en Madrid con el empresario también investigado. Según la UCO, ese alquiler fue sufragado por la compañía, lo que apuntaría a una contraprestación por el papel político de Cerdán. Él lo niega, insistiendo en que ambos pagaban a medias el inmueble, porque “era de una habitación y en el salón montamos una cama” que “pagábamos juntos”. También aclaró que su relación con el empresario fue clave al haber sido “la puerta para hablar con Bildu y PNV”.
El juez aprecia riesgo de “fuga” y “destrucción de pruebas”
El caso también ha encendido las alarmas en el PSOE, dado que Cerdán era, hasta hace unas semanas, uno de los dirigentes más poderosos del partido. La decisión del Supremo de enviarle a prisión contrasta con el tratamiento judicial recibido hasta ahora por otros implicados, como Ábalos o García, que permanecen en libertad con medidas cautelares.
La defensa de Cerdán, al enmarcar su procesamiento dentro de una supuesta operación de lawfare, pretende no solo deslegitimar la causa, sino presentar el caso como un ataque a un modelo de gobernanza progresista y pluralista.
En cualquier caso, el juez Puente ha insistido en que la prisión preventiva responde al riesgo de “fuga” y “destrucción de pruebas”, no a motivaciones políticas, y ha subrayado que los indicios reunidos contra Cerdán son “excepcionalmente sólidos”, desde las grabaciones hasta los documentos y correos que le vinculan a los hechos.
El proceso judicial apenas comienza y el caso Cerdán se perfila como uno de los grandes desafíos tanto para la justicia como para el sistema político español. Queda por ver si los tribunales logran esclarecer los hechos sin interferencias externas y si los partidos implicados responden con responsabilidad institucional a lo que puede ser una de las mayores crisis reputacionales de la legislatura. Mientras tanto, la sombra de la corrupción vuelve a proyectarse sobre el corazón de la política española. @mundiario