Salvador Illa, un año después: del cierre del procés a la redefinición del vínculo del PSOE con Junts
Salvador Illa asumió la presidencia de la Generalitat en un clima de tensión marcado por la irrupción fallida de Carles Puigdemont para tratar de empañar su investidura. Un año después, Cataluña vive un contexto radicalmente distinto: el debate independentista ha perdido centralidad, las movilizaciones masivas son historia y el Govern ha volcado sus prioridades en la agenda económica y social.
La llegada de Illa ha supuesto, en la práctica, el cierre del capítulo del procés. Su discurso ha evitado el choque frontal con Madrid, apostando por la recuperación de la “normalidad institucional” y por la negociación de traspasos y acuerdos sectoriales con el independentismo. Bajo su liderazgo, la Generalitat ha retomado comisiones bilaterales paralizadas durante años y ha normalizado relaciones con instituciones del Estado, incluida la Casa Real, lo que ha reducido las protestas simbólicas que en la última década formaban parte del paisaje político catalán.
En el terreno económico, Illa se ha propuesto devolver a Cataluña su papel de locomotora de España, perdido en 2017 en favor de Madrid. Con un PIB que ha crecido un 3,2 % en el último año y un paro del 8,1 %, ha centrado su agenda en la “prosperidad compartida” y en la respuesta a la crisis de vivienda mediante un plan para construir 50.000 pisos públicos hasta 2030, de los cuales 22.000 ya tienen solares asignados. Entre sus proyectos estrella figuran la financiación singular pactada con ERC y refrendada por el Gobierno central, el plan Catalunya lidera con inversiones de 18.000 millones y la ampliación del aeropuerto de El Prat, polémica por su impacto ambiental.
Sin embargo, el engranaje de este modelo depende en gran medida de la continuidad de Pedro Sánchez. El destino de ambos está ligado. El acuerdo alcanzado en julio para que Cataluña recaude todos sus impuestos y mantenga su aportación a la caja común es el núcleo de esta estrategia, aunque la aplicación del principio de ordinalidad —clave para Illa— aún está pendiente de consensuar con otras comunidades. La fragilidad de este pacto es evidente: si Sánchez cayera, la arquitectura financiera diseñada se vendría abajo.
El futuro de Illa depende de Sánchez
En paralelo, la relación con Junts ha sufrido un reajuste notable. Illa ha respaldado la aplicación de la Ley de Amnistía, pero ha evitado encuentros con Puigdemont, quien continúa exiliado en Bélgica pese al aval del Tribunal Constitucional a la medida, porque sigue a la espera de que la justicia europea resuelva si el delito de malversación que se le imputó, por el referéndum del 1-O, puede ser amnistiado o no.
Junts, por su parte, mantiene una relación de conveniencia con el PSOE: apoya a Sánchez en votaciones clave para mantener capacidad de influencia, pero sin comprometerse con sus presupuestos. Los avances prometidos —como la oficialidad del catalán en la UE o el traspaso de competencias en inmigración— siguen bloqueados, por actores tan dispares como la negativa de los países de la UE o incluso Podemos.
La oposición, fragmentada entre ERC, Junts, Aliança Catalana, PP, Vox y la CUP ha encontrado en la gestión de Rodalies uno de los principales flancos del Govern. Aunque el Ejecutivo central ha aprobado que una sociedad mercantil de la Generalitat asuma el servicio a partir de enero, las deficiencias crónicas del sistema siguen siendo un lastre. Otros episodios, como los errores en la asignación de plazas docentes o la crisis en la atención a la infancia, han marcado el primer año de Illa, junto con una sequía mitigada temporalmente por las lluvias y un verano de incendios especialmente graves.
De todas maneras, la figura de Illa se presenta como la de un presidente que ha cambiado las reglas del juego: ha cerrado el ciclo del procés, ha enfriado la confrontación institucional y ha tejido una relación pragmática con Madrid que ha modificado los equilibrios entre el PSOE y Junts. Pero el éxito de este modelo dependerá de dos factores fuera de su control: la estabilidad de Sánchez en La Moncloa y la capacidad de su Gobierno para traducir los acuerdos alcanzados en resultados tangibles antes de que la legislatura llegue a su fin. @mundiario